En la noche del martes, la plenaria de la Cámara ya le había dado el aval a la iniciativa del Gobierno, no sin antes someterlo a un acalorado debate, teniendo en cuenta la controversia que desató el hecho de que el proyecto incluyera un artículo que, según análisis de la Contraloría General, era ‘legalizar lo ilegal’, pues establecía una retroactividad con la que se quitaba todo tipo de objeción a las vigencias que se comprometieron en el pasado por fuera de lo que manda la ley.

Según indicó el representante Ángel Custodio Cabrera, “En la Cámara no se aprobó el parágrafo de retroactividad que legalizaba las vigencias que se hicieron mal y eso no afectará los proyectos que se financiarán con las que se hicieron bien”.

En el debate hubo una fuerte polémica, pese a lo corto y sencillo de la propuesta que solo tiene tres artículos, pero que tiene el objetivo de poner control a estas figuras que ayudaron a incrementar las altas deudas de las regiones.

Expresa, según sustentó el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que únicamente se aceptarán las vigencias futuras que estén incluidas en el Plan de Desarrollo de cada ente territorial, es decir, un alcalde o gobernador no podrá inventar a último momento que necesita utilizar las vigencias futuras para realizar una obra.

Con esa medida se busca cerrar la puerta a aquellas regiones que no tienen capacidad de pago, para que se sigan enredando en más créditos.

Para que puedan tener vía , estas figuras tienen que estar en el Plan de inversión y la prioridad son los proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y gasto público en salud y educación, respaldados con recursos del Sistema General de Participaciones.

Por lo tanto, no podrán financiar funcionamiento, como lo hicieron antes de este proyecto de ley. Tampoco se podrán comprometer en el último año de gobierno de los mandatarios y si exceden el periodo de su mandato, tendrán que contar con el aval del Confis territorial. En el caso de que el proyecto que se vaya a financiar incluya recursos nacionales, las vigencias futuras deberán ser aprobadas por Planeación nacional.

Uno de los argumentos que se utilizó para que este proyecto se tramitara con urgencia, a petición del Gobierno, fue el de la parálisis de los Planes Departamentales de Agua, luego de la advertencia que hizo la Contraloría General, de que las vigencias futuras en las regiones se estaban utilizando como solo tiene permiso de hacerlo la Nación.

Durante el debate también se retomó la cifra, de 30 billones de pesos, que hay embargados a 30 años, con cargo a los presupuestos territoriales futuros. En el orden nacional, hay 17 billones en las mismas circunstancias.

De ahí la importancia de este proyecto que, según Echeverry, es una manera de crear disciplina fiscal en las regiones.