La Misión de Observación Electoral resaltó que aunque los comicios de 2015 han contado con eficientes niveles de diálogo y coordinación entre las diferentes entidades del orden nacional responsables de la vigilancia del proceso electoral, la manera de hacer política en Colombia impide afirmar que estas contarán con los estándares de transparencia y de equilibrio propios de una democracia madura. Las organizaciones políticas siguen en deuda con el país.

1. Impacto de la violencia en el proceso electoral

Entre el primero de enero y el 15 de octubre de 2015, la MOE registró 161 hechos violentos contra precandidatos, candidatos, funcionarios públicos electos y directivos de partidos políticos. Los hechos de violencia política que se han presentado en 2015 han ocurrido en 99 municipios de 27 departamentos contando la capital del país. Según la MOE, “la violencia política no tiene patrones definidos ni regionalmente, ni por el tipo de municipio. Tampoco se puede asegurar que sea exclusivamente relacionado a la presencia de grupos armados ilegales ya que solo en 33 municipios donde se registra violencia política hay presencia de estos actores”.

Son los candidatos quienes sufren el 61% de los hechos violentos. En segundo lugar están los funcionarios públicos con el 17%, seguido por los directivos de los partidos con el 3%, los funcionarios de libre nombramiento y remoción con el 1%, los registradores con el 1% y otros actores del proceso electoral con el 4%.

Después del 25 de julio, fecha de inicio de la campaña electoral, hasta el 15 de octubre del año en curso, se perpetraron 67 eventos, que corresponden al 41% de los hechos violentos. De estos hechos de violencia en el periodo electoral, seis correspondieron a asesinatos, diez a atentados, 50 a amenazas y uno a desaparición. Los departamentos con mayor afectación en su orden son: Valle del Cauca con nueve hechos y Arauca con seis. A estos le siguen Antioquia, Bolívar, Nariño y Sucre con cinco cada uno.

Como resultado del proceso de observación realizado, la MOE concluye que la violencia política que se ha presentado a lo largo del proceso pre electoral y electoral no responde a una intencionalidad predeterminada, para la eliminación de una agrupación política en particular. Los registros indican que 15 organizaciones, entre partidos y movimientos políticos de todas las vertientes ideológicas, han sido víctimas de hechos violentos en lo corrido de 2015.



Es así como los eventos violentos tienen mayor relación con los altos niveles de polarización entre las casas y/o grupos políticos que disputan el poder local, que con los grupos armados ilegales (guerrillas y Bacrim).

Sin embargo, la MOE llama la atención sobre municipios ubicados en corredores de narcotráfico, contrabando y actividades extractivas, que por su riqueza son de especial interés para el control de grupos armados ilegales. A manera de ejemplo se encuentran los municipios del Norte del Valle, fronterizos con el cañón de las Garrapatas que conducen a Chocó; la zona comprendida entre el Catatumbo y el Magdalena Medio; Bajo Cauca Antioqueño – Nudo de Paramillo; corredor Meta-Vichada, entre otros.

Finalmente, se alerta como último factor de afectación del orden público para el día de las elecciones, las zonas donde hay presencia de la guerrilla del ELN. De manera particular se requiere un acompañamiento especial al Sur de Chocó donde en el pasado proceso electoral los municipios de Istmina, Rio Quito, Nóvita, San José del Palmar y Alto Baudó, sufrieron el paro armado decretado por esta guerrilla.

La Misión de Observación Electoral - MOE hace un llamado a la guerrilla del ELN para que establezca de manera inmediata un cese al fuego unilateral, que permita la realización de elecciones libres y auténticas.

2. Financiación de las campañas

El mayor punto ciego del proceso electoral es la determinación del monto, origen y destino de los recursos que financian las campañas electorales. De los 153 candidatos a gobernación 74 (48%) tiene algún reporte en cuentas claras. De hecho, siete de ellos solo tienen reportes de ingresos y ningún gasto registrado.

La MOE considera que es necesario revisar la normatividad que autoriza la financiación de totalidad de las campañas con recursos propios o familiares de los candidatos, así como de préstamos de personas naturales o jurídicas. Al respecto, es necesario establecer un sistema de control que permita monitorear el pago de los créditos provenientes de personas naturales y jurídicas que se efectúan a las campañas.

3. Calidades de los candidatos

La MOE recuerda a los partidos políticos que tienen la obligación de garantizar que los candidatos y candidatas que postulan al proceso electoral deben cumplir, no solo con los requisitos de ley, sino también con los más altos estándares de moralidad pública. La ligereza en la entrega de avales llevó a que a nueve días de las elecciones todavía exista incertidumbre sobre la inscripción de algunas candidaturas, así como la posibilidad de que se incluyan candidatos revocados en las tarjetas electorales, generando confusión en el electorado.

No obstante, el CNE ha revocado a la fecha 1020 candidaturas en todo el país. Es importante mencionar que el departamento con mayor número de inscripciones revocadas de candidatos es Cundinamarca con 122, seguido de Antioquia con 107 y Tolima 84. Estos tres departamentos concentran el 31% de los revocados del país. De igual forma, es importante señalar que los municipios que más registran candidatos revocados son Bogotá con 36 y Neiva 21.

Continuando con el análisis, el partido que más candidatos revocados tiene hasta la fecha es el partido de la U con 121, seguido por Alianza Verde y Opción Ciudadana con 111 cada uno. Dentro de los grupos significativos de ciudadanos se encuentran 33 candidatos revocados.

La principal corporación afectada por esta decisión del CNE es el concejo con 637 candidatos, que representan el 62% del total de revocados.

4. Transparencia en el proceso electoral

Entre octubre de 2014 y hasta el 15 de octubre de 2015, la MOE ha recibido un total de 2134 reportes ciudadanos sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral.

De acuerdo a los reportes entregados por la ciudadanía, las tres principales irregularidades son: i.) desde Octubre del 2014 al 25 de Julio de 2015 la publicidad extemporánea; ii.) Trashumancia, desde enero del 2015 hasta el 25 de Agosto y iii.) La intervención indebida en política por parte de funcionarios públicos, concentrando los reportes entre los meses de Julio y Septiembre.

A corte del día 26 de junio la MOE entregó al CNE un total de 283 reportes sobre posible publicidad extemporánea, sin embargo hasta el momento la MOE, no ha tenido conocimiento de alguna sanción impuesta a ningún candidato o partido político por parte de la máxima autoridad electoral.

Además de ser la segunda irregularidad más reportada a través de la herramienta www.pilasconelvoto.com con 510 reportes, la MOE ha hecho un riguroso análisis al comportamiento de inscripción de cédulas desde el 25 de octubre de 2014 hasta el 25 de agosto de 2015 en donde se encontró que uno de cada dos municipios presentaba riesgo por trashumancia electoral. Para la MOE es urgente hacer una revisión integral del censo electoral, en la medida en que 69 municipios tienen una población inferior al número de votantes registrados.

Si bien hay que resaltar el trabajo del CNE al anular la inscripción de 1.605.109 cédulas, no debe olvidarse que ese número también refleja la gravedad del problema, pues indica que es una práctica recurrente y de uso común de numerosas campañas.

Por otra parte, a la MOE le preocupa el alto número de reportes sobre presunta intervención en política por parte de funcionarios públicos (367), en los que se señala que están poniendo, presuntamente a disposición de distintas candidaturas los recursos de las administraciones municipales y departamentales. Este comportamiento afecta gravemente el certamen democrático, teniendo en cuenta que acompañado de este delito se realizan constreñimientos laborales y compras de votos con recursos dirigidos a subsidios y beneficios del Estado.

Gracias a la información entregada por la ciudadanía, la Fiscalía General de la Nación ha presentado resultados sin precedentes, frente a la investigación de delitos relacionados con el proceso electoral. Este año abrió 1094 investigaciones de las cuales 916 se encuentran activas, es decir, el 84%. Por delitos electorales, se han capturado 13 candidatos y dos servidores públicos (registradores). Estos candidatos capturados son de Córdoba (cuatro capturas), Meta (tres), Sucre (dos), Atlántico (dos), Bolívar (dos), Casanare y Tolima (dos). De las denuncias activas los delitos que más se están investigando son fraude en la inscripción de cédulas (56%), corrupción de sufragante (13,9%) y finalmente constreñimiento (9.2%). Al mismo tiempo han capturado 31 personas por delitos comunes relacionados con el proceso electoral.

5. Cultura ciudadana de la democracia y confianza en las instituciones

Por otra parte la MOE donó la aplicación MAPEE, diseñada por Guarumo, al Consejo Nacional Electoral, en donde la ciudadanía pudo reportar la publicidad política de cada municipio por primera vez en un proceso electoral colombiano. Este año gracias a la ciudadanía, a la Brigada Digital y a los observadores de la MOE hay más de 5000 reportes de publicidad política que nos permitirá contrastar esa información con la cuentas de los candidatos y si existieron violaciones a los topes de publicidad.

Finalmente, la Registraduría avanzó este año en poner la información de inscripciones de cédulas en un sistema de información que nos permitió como MOE, hacer un seguimiento sistemático y riguroso a la trashumancia. Avanzar en datos abiertos y máxima publicidad de los procedimientos electorales, va en la línea correcta para cumplir el objetivo de tener elecciones más confiables y cuyos resultados se ajusten a la voluntad de los ciudadanos.