La Procuraduría General de la Nación advirtió al Gobierno Nacional la grave situación en la que se encuentran los bienes inmuebles de las instituciones educativas oficiales y pidió disponer de las medidas necesarias que permitan a los mandatarios territoriales dar solución a esta problemática.

En el informe al Caso Preventivo IUS 2015-170140, el ente de control, a través de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, manifestó esta preocupación ya que encontró que el 73% de los inmuebles oficiales donde se prestan servicios educativos está desprovisto de un vínculo jurídico que impide el uso y goce del bien de manera ininterrumpida.

Según la información suministrada por los departamentos, municipios y distritos, está definida la situación de 10.941 bienes y por definir 29.897 propiedades de 40.838 inmuebles que forman parte de las 95 entidades territoriales certificadas en educación en todo el país.

Explicó el Ministerio Público que estas inconsistencias se dan entre otros casos porque no se han hecho los registros correspondientes o los predios se encuentran en litigio, o se presenta la figura de posesión sin resolverse judicialmente, o simplemente no existe certeza en la aplicación de mecanismos jurídicos como el arrendamiento, comodato o cualquier otra figura contractual, lo que podría poner en peligro el funcionamiento de la institución educativa.

Lamentó el ente de control que los mandatarios de la vigencia 2012-2015 no hayan dispuesto de un inventario idóneo que permitiera identificar las situaciones que estos predios presentan, aspecto que según la Procuraduría se debió reportar en las actas de empalme por los mandatarios entrantes al momento de recibir sus cargos.

“Es claro que muchos de estos predios que están al servicio de estas instituciones fueron entregados por donaciones de las propias autoridades públicas y/o particulares desde hace muchas décadas, sin embargo, la normatividad vigente exige la aplicación de elementos que permiten la validez de los actos, como lo son los registros y demás formalidades propias”, explicó la Procuraduría en el informe de la acción preventiva.

Agregó que dejar estas situaciones al paso del tiempo podría generar que antiguos propietarios realicen nuevos negocios jurídicos con el bien, ello sin contar que al no estar resuelta la propiedad se imposibilita la inversión de recursos, sean privados o públicos según el caso, para las adecuaciones y mantenimientos necesarios para la prestación del servicio educativo, con la grave consecuencia que los deterioros crecientes, por el transcurrir de los años, ponen en riesgo la seguridad de los niños y adolescentes estudiantes de estos planteles.

Para la Procuraduría es claro que está en peligro el funcionamiento de un sinnúmero de instituciones educativas oficiales, por lo que continuará con esta intervención preventiva, enfocando sus esfuerzos para que los entes territoriales, departamentos, distritos y municipios certificados tomen acciones y resuelvan, conforme a sus competencias y a las exigencias dispuestas en la Ley.