“Consideramos que la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional al Congreso de la República requiere una serie de ajustes que permitan verdaderamente promover el desarrollo del campo, aumentar la seguridad alimentaria del país y desarrollar su potencial exportador”, manifestó Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma. 

“Gravar la economía de la forma como propone el Gobierno no solventa los problemas fiscales, sino que los ahonda al afectar directamente los ingresos de los hogares, los sueldos de los trabajadores y la generación de riqueza de las empresas. Es decir, afectaría la economía en general y, por tanto, su capacidad productiva y de tributación de manera sostenible y solidaria”, expuso el vocero gremial en carta enviada al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, sobre el Proyecto de Ley y reforma fiscal “Ley de Solidaridad Sostenible”.

Continuó explicando que, en el caso específico del sector agropecuario, el principal reto para aumentar el recaudo es disminuir sus altos niveles de informalidad, los cuales superan el 80 %. “Gravar más a los pocos formales sólo continuará desincentivando la inversión y aplazando el desarrollo que el campo colombiano podría tener en cerca de 80 % de su área con potencial agrícola que actualmente está subutilizada o sin desarrollar”, puntualizó.

Recomendaciones para el campo

“En ocasiones anteriores hemos propuesto analizar y emular experiencias como la de Perú en materia de tributación para el agro (Ley 27360) donde al instaurar una tasa de tributación en renta de 15 % para las empresas del sector agropecuario, se alcanzó un desarrollo sin precedentes, permitiendo diversificar la oferta exportable nacional y creando, de esta manera, externalidades positivas sobre el crecimiento, el empleo en el campo y la economía en general”, consideró Mesa Dishington.

Argumentó que este tipo de medidas permiten impulsar la transformación de muchas operaciones productivas (que durante años han sido desarrollados por personas naturales), hacia esquemas de empresas (personas jurídicas) con mayor nivel de organización, tributación y formalización tanto en su operación, como en sus prácticas de contratación laboral. Una menor tributación con una mayor base de contribuyentes dará un balance final positivo, especialmente cuando la base tiene los bajos niveles de cobertura en tributación como los que actualmente tiene el sector agropecuario en Colombia.

El vocero de los palmicultores planteó que el esquema tributario para el sector agropecuario viene castigando onerosamente las iniciativas que se han aventurado a generar valor en la Colombia rural, alcanzando una tasa efectiva de tributación de 104,6 % según el informe final de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Eficiencia Tributaria (CEXT)”. 

Gravámenes para insumos y servicios agrícolas

“Respecto a las reformas propuestas al Impuesto al Valor Agregado - IVA, dispersos y diversos en la cadena de producción agropecuaria, vemos con gran preocupación que se considere gravar con tarifa plena la maquinaria y herramientas necesarias para la producción, como los sistemas de riego, aspersores y guadañadoras, que hoy en día se encuentran excluidas, al igual que el gas y la energía eléctrica. Igualmente, el cambio de tarifa de 5 % a 19 % en la gasolina, el ACPM y el almacenamiento de productos agrícolas también genera desconcierto”, señaló Mesa Dishington. 

Igualmente manifestó su desacuerdo en la propuesta de impuesto nacional al consumo de plaguicidas, por considerar que desconoce las características tropicales de la producción agropecuaria en el país, la cual es inviable sin el control de plagas y enfermedades.

“En contraposición a esto, y cumpliendo los objetivos de protección ambiental que busca este Proyecto de Ley, el Gobierno Nacional podría incentivar el uso racional de los insumos fortaleciendo, por ejemplo, los programas de asistencia técnica gremial que fueron eliminados con la aprobación de la Ley 1876 de 2017 que aún no entra plenamente en vigor”, estimó. 

Indicó que estas propuestas “limitan la modernización de la agricultura, desincentivan las inversiones necesarias para cerrar las brechas de productividad del país, y generan incentivos para la importación de alimentos, además de representar un sobrecosto para muchos productores, que con seguridad se verá reflejado en un aumento generalizado en precios de los alimentos. Lo anterior, se encuentra en contravía de los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Duque, que busca promover la legalidad y el emprendimiento, como palanca de crecimiento y desarrollo para nuestro país”.

IVA de 5 % para aceites y grasas refinados

“Como lo hemos comentado en diversos escenarios, la estructura de IVA en la cadena de aceites y grasas vegetales presenta una distorsión al haberse establecido una tarifa diferencial entre los aceites crudos y refinados. El aceite de palma crudo (APC) está gravado con IVA a una tarifa de 5 %, mientras que el aceite refinado con destino al mercado nacional está gravado al 19 %. Esta diferencia de tarifas afecta el desarrollo de la palmicultura en Colombia ya que, genera un incentivo en favor de la informalidad y resta competitividad a nuestra agroindustria. La problemática no se resuelve en la propuesta de reforma tributaria, la cual debería establecer en 5 % la tarifa para ambos productos”, fue su planteamiento.

El Presidente Ejecutivo de Fedepalma ratificó que esto no sólo ayudaría a resolver los altos índices de informalidad y contrabando – estimados en cerca de 40 % del mercado nacional –, sino que pondría en igualdad de condiciones a los aceites y grasas como parte de la canasta básica de las familias colombianas.

Expuso que, según el último dato disponible en la DIAN, la agroindustria de la palma de aceite aportó $79.782 millones de pesos en IVA en lo correspondiente al componente agrícola y Fedepalma estima un aporte de $92.356 millones en cuanto al componente de aceite de palma crudo para un total de $172.138 millones de pesos en 2019.

“Considerando el comportamiento de la producción y la situación de precios internacionales en 2020, se estima que el aporte fiscal de la palmicultura para 2020, podría ascender a $265.258 millones de pesos, aumentando el aporte del sector en 54,1 % con respecto a 2019. Estas cifras nos muestran como un sector dinámico puede aumentar su aporte al recaudo fiscal del país”, reportó el directivo.

Exención de IVA para biodiésel de aceites de palma colombianos 

Jens Mesa Dishington llamó la atención respecto a la improcedencia de derogar el artículo 477 del Estatuto Tributario, el cual establece la exención de IVA para el alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores y el biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores diésel de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM.

“Desde Fedepalma estamos convencidos de que el sector agropecuario puede ser un aliado estratégico del Gobierno para consolidar la seguridad energética, cambiando el paradigma hacia una producción soportada en energías renovables y limpias y aportando al medio ambiente, y consideramos que la propuesta de gravar con IVA a los biocombustibles va en contravía de estos propósitos”, precisó. 

Fue enfático en señalar que con la propuesta de pasar los biocombustibles del régimen de exentos a gravados con la tarifa plena se pone en riesgo la sostenibilidad del Programa Nacional de Biocombustibles, se encarece el precio al consumidor, desplazando la demanda por los combustibles fósiles, y se impide cumplir los compromisos que, como país, se han suscrito en el COP 21 en cuanto a la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La exención actual comparte los objetivos de los impuestos verdes al promover el uso de energía y combustibles limpios, evitando también que se trasladen mayores costos a los consumidores.

El agro y el sector palmero en la pandemia 

El vocero del sector palmicultor manifestó que “en la actual coyuntura de Colombia, lo prioritario es la recuperación económica y el impulso y fortalecimiento al sector agropecuario, reconociendo que el país requiere una reforma tributaria y que para el Estado es imperativo asegurar recursos, destinados a atender los programas sociales que se derivan de la pandemia de COVID -19”.

Dijo que “la producción agropecuaria en Colombia enfrenta diversos desafíos, entre los cuales están los altos costos de producción, la escasez de bienes y servicios del Estado, la ausencia de infraestructura logística y el limitado acceso al financiamiento. A pesar de esto, la agricultura le ha respondido ampliamente al país, durante décadas, produciendo los alimentos que requiere la población, y en muchos casos la de muchos otros países, dado que los empresarios del agro han seguido trabajando, muchas veces haciendo presencia en lugares donde el Estado no ha llegado, generando desarrollo en territorios donde la Oferta Institucional del Gobierno Nacional ha sido inexistente o, en el mejor de los casos, deficiente”.

Por último, agregó que “en la coyuntura generada por el COVID-19, la palmicultura se destacó por su capacidad de respuesta, trabajando para sortear la crisis y buscando un equilibrio entre la preservación de la vida y la continuidad de la actividad económica y productiva. Gracias a este esfuerzo realizado por los empresarios, con el acompañamiento del gremio, la palmicultura desarrolló su actividad productiva y comercial todos los días de 2020 y atendió, incansablemente, la producción de aceites para alimentos y otros usos, así como para el mercado internacional durante todo el año”.