Terminó el periodo legislativo 2020-2021 para el Congreso del República en medio de la emergencia sanitaria que enfrenta el país por COVID-19 y las protestas sociales que se han presentado desde el 28 de abril del presente año.

Transparencia por Colombia hizo seguimiento a las principales iniciativas relacionadas con la lucha contra la corrupción que se presentaron en el Congreso durante ese periodo: 9 iniciativas legislativas, de las cuales 5 fueron promovidas por partidos políticos, 1 presentada por parte del Ejecutivo y 3 surgieron desde los organismos de control con apoyo gubernamental. Sin embargo, solo se aprobaron 3.

Estos son los 3 proyectos aprobados

Reforma al Código Disciplinario, presentado por la Procuraduría General de la Nación, en el que se otorgan funciones jurisdiccionales a este órgano de control para suspender los derechos políticos de los servidores públicos que hayan sido elegidos por elección popular.

Este proyecto enfrenta serios cuestionamientos, pues se argumenta que va en contravía del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afecta la división de los poderes públicos, y deteriora la independencia de la Procuraduría al entregarle facultades especiales al Presidente de la República para afectar la planta de personal de un órgano de control que debería ser completamente separado del Ejecutivo.

Proyecto de Ley Estatutaria de Reforma a la Justicia, presentado por Gloria López, Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, que modifica los requisitos para aspirar a los cargos de juez, magistrado, fiscal, procurador, defensor y registrador, lo cual podría implicar posibles afectaciones a la calidad de la administración de justicia.

Proyecto de ley 341 de 2020 de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, que busca, entre otras cosas, reforzar los pilares de prevención, sanción y fortalecimiento institucional en el país.

Como lo advirtió Transparencia por Colombia, dentro del proyecto se eliminó el capítulo completo sobre la protección a denunciantes de corrupción.

¿Qué pasó con los 6 proyectos que también hacían parte de estas iniciativas anticorrupción?

No tuvieron la oportunidad de ser discutidos y quedaron archivados en medio del papeleo y la agenda legislativa:

PL 121/2020 Senado: establecía medidas de protección y compensación al denunciante de actos de corrupción administrativa.

PL 21/2020 Senado: adicionaba la responsabilidad jurídica para quienes participan en la implementación de los programas de transferencias monetarias condicionadas cuando hay beneficiarios de manera fraudulenta.

PL 376/2020 Cámara: establecía criterios más estrictos en algunas modalidades de contratación pública y fortalece los mecanismos de seguimiento de la ejecución presupuestal.

PL 319/2020 Cámara: establecía la promoción de la cultura de la legalidad en todas las entidades públicas.

PL 024/2020 Cámara: adicionaba inhabilidades para contratar a las personas que hayan sido declaradas responsables administrativamente por la Superintendencia de Industria y Comercio por casos de colusión.

PL 010/2019 Cámara – 05/2019 Senado: establecía medidas administrativas y penales en contra de actos de corrupción. Aunque al proyecto presentado por la Fiscalía General de la Nación, solo le restaban dos debates para su aprobación y contaba con el apoyo del Gobierno Nacional mediante el mensaje de ‘urgencia’.

A lo anterior, se suma la expectativa de avanzar en tareas pendientes de la Consulta Anticorrupción que se llevó a cabo en 2018.

De ese ejercicio ciudadano, a la fecha se ha aprobado la casa por cárcel para los corruptos, el uso de pliegos tipo en el sistema de contratación pública, y la obligatoriedad para la publicación de las declaraciones de bienes, rentas y conflictos de intereses para aquellos que celebren contratos con el Estado.

Sin embargo, siguen sin ser aprobados los puntos que buscar regular la participación en presupuestos públicos, el límite de periodos para congresistas y corporaciones públicas, y la disminución del salario de senadores y representantes a la Cámara.

“Hacemos un llamado al Congreso de la República para que en la nueva legislatura se fortalezca su compromiso con la legislación en materia anticorrupción. En varios casos, la falta de avances en el legislativo implica que los corruptos sigan aprovechando vacíos normativos que facilitan su acción. Aún más grave es que el Congreso de la República siga favoreciendo el desequilibrio de poderes, pues deteriora los mecanismos de control que son la base de la lucha contra la corrupción”, indicó Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.