La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó sobre el aumento de hostilidades y la organización y presencia de grupos armados ilegales en 12 zonas del país, que sobrepasan los estándares internacionales de medición de conflicto armado interno.

Según las cifras provenientes del Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos presentadas por la UIA, durante el año 2021 se registraron 329 muertes violentas ocasionadas en el marco del conflicto armado en el país. De estas, 24 corresponden a civiles y 89 a miembros de la fuerza pública.

En este periodo se presentaron las cifras más altas de violencia desde la firma del Acuerdo Final de Paz. De esta manera, se convirtió en el año con mayor cantidad de masacres (93), desplazamientos forzados masivos (146), combates entre fuerza pública y grupos armados ilegales (228), y hostigamientos a la fuerza pública (134). Igualmente, se destaca el aumento en los casos de reclutamiento forzado a niños, niñas y adolescentes (89).

Las zonas afectadas por la reactivación del conflicto son: Montes de María, Sur de Bolívar, Occidente antioqueño, Sur de Chocó y bajo Calima, Medio y bajo Atrato, Norte del Cauca y sur de Valle del Cauca, Pacífico nariñense y sur de Cauca, Catatumbo, Caguán, Yarí, Ariari y Bajo Putumayo, Sabana y piedemonte araucano, Nordeste antioqueño y Bajo Cauca, y Urabá antioqueño y sur de Córdoba (alto y bajo Sinú).

La UIA recalca que en la actualidad existen tres grupos armados ilegales con amplia organización en el país: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con presencia en 294 municipios del país, las disidencias guerrilleras coordinadas por ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’ que ya presentan 28 frentes o columnas móviles, y el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con presencia sobre 20% del territorio nacional.

Dentro de su informe, la UIA también reportó el aumento en hechos que podrían constituir graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por ejemplo, durante 2021 el Clan del Golfo presentó 157 posibles infracciones, frente a 149 de las disidencias de la guerrilla y 123 del ELN. La mayoría de las posibles infracciones al DIH se dieron por utilización de medios y métodos ilícitos de guerra, principalmente por el uso de armas prohibidas como artefactos explosivos que impiden dirigirse a un objetivo específico.

La UIA señaló igualmente que en 2021 el Mecanismo registró afectaciones a sujetos individuales y colectivos que participan en la JEP: 60% de los homicidios contra reincorporados de las extintas Farc-EP (comparecientes ante la JEP) ocurrieron en las zonas de conflicto armado identificadas por la UIA, 10% de las organizaciones que han presentado informes ante la JEP han registrado por lo menos una grave violación a los derechos humanos en sus territorios.

La UIA recordó que estos hechos afectan de manera grave la participación de víctimas, testigos y demás intervinientes en la Jurisdicción y en las demás entidades del Sistema Integral de Paz.