El hundimiento del proyecto de Reforma Constitucional que obligaba al Estado a asumir directamente el manejo de los servicios de salud obedeció a presiones sobre varios congresistas, aseguró el autor de la iniciativa, representante a la Cámara del Partido Liberal, Pablo Salamanca Cortés.

El Parlamentario aseguró que a pesar de contar con las mayorías para aprobar este Acto Legislativo en segundo debate, sorpresivamente en la plenaria de la Cámara de Representantes no fue aprobado por 49 votos en contra y 43 a favor.

“Yo pienso que hubo algunas presiones sobre los congresistas porque teníamos amplias mayorías, tanto que hubo un pronunciamiento masivo en respaldo a esta iniciativa que lo que buscaba era reconocer que hay problema grave en el modelo de la salud de Colombia, ya que se convirtió en empresarial y de negocios. El sistema está resquebrajado y está en la más completa ruina”, dijo.

Salamanca Cortés agregó que “con este modelo se han sacrificado miles y miles de usuarios. Se erosionó el trabajo. Los profesionales de la salud vieron degradada su vinculación laboral. Lo que buscábamos con este proyecto era acabar la definitivamente con la intermediación financiera del sector privado. Planteamos la eliminación del negocio de la salud y que fuera el Estado el responsable público y de manera indelegable de la responsabilidad de la salud de los colombianos”.

“En el mundo entero se está reconcomiendo que la salud es tangencial para la vida y no puede ser fuente de utilidades porque las utilidades van en contravía con el servicio que hay que prestarle al ciudadano, porque no se puede escatimar ningún costo en la atención, la vida del ser humano no puede entrar consideraciones para su tratamiento”, aseguró el congresista liberal.

El parlamentario agregó que “con el modelo actual en aras generar utilidades los usuarios han visto afectados servicios como el acceso a laboratorios, cirugías, tratamientos y medicamentos. En la medida que eso suceda esto va en perjuicio de la vida de los pacientes. En la medida que haya negociaciones por medio hay un cálculo empresarial se sacrifica la prestación del servicio a millones de colombianos que no encuentran la atención en la salud cabalmente”.

“Los empresarios no están para hacer obras de caridad están para hacer utilidades y utilidades bien grandes, anualmente las EPS tienen utilidades entre 8 y 10 billones de pesos. Mientras la Constitución Nacional establezca que los particulares pueden manejar recursos de la salud, estamos frente a un negocio que solo pretende obtener ganancias en detrimento, muchas veces de la salud de los colombianos”, puntualizó el Representante a la Cámara Pablo Salamanca.