La Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio de Conflictividad Social, evidenció que entre enero y agosto del 2023 se registraron 1080 conflictos sociales, que representa un incremento del 34% en comparación con el mismo periodo del 2022, cuando se registraron 804.

La totalidad de los eventos ocurrieron en 310 municipios de 30 departamentos del país, donde Bogotá registró el 15% de los sucesos; Magdalena, 7%; Bolívar, 7%; Santander, 7%; Antioquia, el 6%; Valle del Cauca, 5%; Atlántico, 5%, La Guajira, 5%; Norte de Santander, 4% y Cauca, 4%.

Se debe resaltar que en lo corrido del año 2023 los conflictos que han tenido una mayor relevancia en el contexto nacional son: los conflictos laborales (16%), los conflictos por la garantía al derecho a la educación (15%), los conflictos por la inversión o presencia estatal (12%), los conflictos en el sector transporte (11%), los conflictos por el derecho a la vida, integridad y seguridad (11%) y, los conflictos por las falencias en la prestación de servicios públicos domiciliarios (10%).

“Lo hemos dicho en distintos escenarios: es fundamental que la institucionalidad trabaje de forma articulada en la prevención temprana para que los reclamos de las comunidades en las regiones del país no terminen en eventos de esta naturaleza; eventos que, en ocasiones, se salen de control y la misma población es la directamente afectada”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El informe, elaborado por la delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social, señala que mayo y julio fueron los meses con el mayor número de eventos: 165 y 169, respectivamente.

Atendiendo al mismo periodo comparativo, los mecanismos más usados por los ciudadanos para expresar su insatisfacción o inconformidad por acciones u omisiones del Estado o de particulares fueron los bloqueos o cortes de ruta (40% de los eventos), plantones o concentraciones (28%), marchas o movilizaciones (13%), paros cívicos o cese de actividades (7%), ocupación o toma de instalaciones (4%), otros (4%). Cabe resaltar que solamente en el 10% de estos eventos se registraron disturbios.

Los bloqueos o cortes de ruta tuvieron un aumento del 100%; algunos de estos, se llevaron a cabo en la vía Panamericana afectando los departamentos de Cauca, Valle y Nariño; de igual modo en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas por temas relacionados con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), atención estatal y crisis humanitaria.

También se presentaron bloqueos en Córdoba y Antioquia por las demoras en el cumplimiento de los compromisos adquiridos frente al mejoramiento vial. Por el paro minero en el Bajo Cauca y por la crisis en La Mojana. En La Esperanza, Norte Santander en rechazo a un proyecto de relleno sanitario en el territorio, y en Meta y Cundinamarca por las afectaciones que generan los constantes cierres de la vía al llano.

Por otro lado, la ocupación o toma de instalaciones incrementó 100%; las huelgas de hambre: 143%, y los paros cívicos/cese de actividades: 114%. Si bien los primeros ocho meses de 2023 se caracterizaron por las movilizaciones promovidas por el Gobierno a favor de las reformas que han cursado trámite en el Congreso de la República, al igual que las impulsadas por la oposición, las marchas registraron una disminución del 5%.

El seguimiento realizado por la Defensoría del Pueblo

El documento de la entidad garante de los derechos humanos en el territorio nacional también señala que, entre enero y junio, a través de sus funcionarios en terreno, fue hecho seguimiento a 28 acuerdos suscritos en las mesas de diálogo que contienen 526 compromisos.

Se pudo evidenciar que en 322 compromisos (61.2%) no establecieron un plazo de cumplimiento, en 107 (33.2%) determinaron un plazo cierto y en 97 (18,4%) acordaron un plazo condicional. Situación que hace complejo el cumplimiento y el seguimiento del total de los acuerdos, pues no permite a las partes ni a los garantes tener certeza de cuándo, en todos los casos, se debe cumplir lo pactado.

“Hago un llamado al Gobierno Nacional para que realice un seguimiento riguroso al cumplimiento de los acuerdos firmados en los diálogos con las diferentes comunidades y organizaciones sociales. Prevenir nuevas conflictividades que puedan originar situaciones de violencia o alteraciones del orden público es el verdadero compromiso que deben asumir todas las instituciones”, aseguró Carlos Camargo Assis.

El rol misional frente a los conflictos sociales

La Defensoría ejerció el rol de mediador y garante de derechos humanos en 165 mesas de diálogo entre enero y agosto del 2023, lo que significa un incremento en su participación del 120% con respecto a los mismos meses del 2022.

A alcaldes y gobernadores del país, el Defensor del Pueblo les recuerda que los espacios de diálogo son una oportunidad para conocer de primera mano las problemáticas sociales que suscitan los conflictos en las regiones: “Por lo tanto, se requiere que su participación sea enfocada a responder a la obligatoriedad del Estado de dar cumplimiento a los compromisos para mejorar la calidad de vida de las personas y proteger los derechos de las personas”.

Panorama previsto para el periodo septiembre - diciembre

Se prevé, que en lo que resta del año, la manifestación de conflictos sociales relacionados con el apoyo u oposición a los proyectos que se tramiten en esta legislatura, el proceso electoral, las afectaciones por el fenómeno de El Niño, el control de la actividad minera, la situación del sector agropecuario, conflictos en el sector transporte y por deficiencias en la prestación de servicios públicos domiciliarios.

“Continuaremos impulsando los espacios de diálogo, cuando haya lugar a ello, entre los distintos actores sociales e institucionales en aras de propiciar la interlocución y la concertación para la búsqueda de salidas y respuestas a las demandas ciudadanas y a las reivindicaciones que posibiliten la garantía de los derechos humanos”, finalizó el Defensor del Pueblo.