Transparencia por Colombia presentó el Segundo Informe de Elecciones y Contratos. En este informe se examinó la relación entre la contratación de bienes y servicios con financiadores de campañas políticas, particularmente, se revisaron los financiadores de autoridades elegidas en 2019 y se presentaron recomendaciones encaminadas a mejorar la transparencia del financiamiento de la política, así como la gestión de conflictos de interés al interior de las entidades, las cuales son relevantes para las nuevas autoridades territoriales.

Aunque la celebración de contratos con personas naturales y/o jurídicas que financien campañas no está prohibida; siempre y cuando se observen los límites que dispone la normativa frente al monto de los aportes y se rindan cuentas sobre la totalidad de los recursos; es esencial por un lado, comprender las características y la frecuencia de esta relación y por otro, fortalecer las acciones de prevención, monitoreo, control y sanción para garantizar un manejo transparente y responsable de los recursos involucrados.

Se resaltaron los principales resultados de este análisis entre financiadores de campañas en 2019 y la posterior contratación pública: El 25,5% (2.518) de los 9.857 financiadores de campañas en 2019, celebraron contratos con el Estado en fecha posterior a la posesión de las autoridades territoriales.

El valor total de los contratos celebrados con estos 2.158 financiadores de campañas asciende a 5.3 billones de pesos divididos en 19.026 contratos. Es decir que, en promedio cada uno de estos financiadores celebró aproximadamente 9 contratos con el Estado.

El 85% de la contratación con estos financiadores se hizo mediante modalidades simplificadas: Contratación Directa (39,4%), Régimen Especial (32,3%) y Selección Abreviada (14%). En contraste, solo el 9,5% de los contratos adjudicados fueron otorgados mediante licitación pública.

Ahora bien, sobre las inhabilidades para contratar con financiadores de campañas: Cabe destacar que el artículo 2 de la Ley 1474 señala que las personas que realicen aportes mayores al 2% del tope establecido para las campañas de Alcaldía, Gobernación, Congreso y Presidencia quedarán inhabilitadas para celebrar contratos públicos con todas las entidades del mismo nivel de gobierno en el que se realiza el aporte. Esta inhabilidad cobija a los parientes cercanos del financiador, así como a las empresas jurídicas en las que este participa o ejerce un control.

En relación con lo anterior, resaltan casos en los que se identificarían inhabilidades en el relacionamiento entre financiadores de campañas y contratistas, a saber: El ex Gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, quien firmó contrato directo en el marco de la pandemia por valor a los 1.700 millones de pesos con un financiador de su campaña cuyo aporte superó el 2% del tope.

El ex alcalde del municipio de Cantagallo, Bolívar, Henio Ricardo Sarmiento, quien celebró contratos por valor de 1.300 millones de pesos con un financiador que aportó 20 millones (17% de tope) a su campaña.

La relación entre financiadores de campañas que a su vez son contratistas con el Estado, debe ser analizada desde una perspectiva de las motivaciones tanto para la entrega de los aportes como para participar en los procesos de contratación pública, esto con el fin prevenir la expectativa de retorno de sus aportes vía contratación pública. Asimismo, esta relación lleva a examinar los potenciales conflictos de intereses en la contratación pública, si esta se celebra en su mayoría mediante modalidades que permiten la toma de decisiones de manera más discrecional o que eventualmente pueden verse manipuladas por el favorecimiento a intereses particulares.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde Transparencia por Colombia se hizo un llamado a las autoridades territoriales recientemente elegidas para que adelanten de manera proactiva procesos de control interno en las alcaldías y gobernaciones que permitan identificar potenciales conflictos de interés e inhabilidades en la contratación con financiadores de campaña.

En este sentido, para Sandra Martínez, directora Programática de Iniciativas con Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia, “es esencial que las nuevas autoridades territoriales aborden medidas concretas que permitan fortalecer la gestión pública, particularmente a través de acciones que propendan por procesos de contratación que no se vean afectados por la incidencia de intereses particulares”.