Grupos de la sociedad civil exigen transparencia en el proceso de elección de quien estará encargado de defender y garantizar los derechos de la sociedad colombiana durante los próximos 4 años.

Según los accionantes, “Es evidente que el proceso actual se encuentra viciado, pues uno de los ternados ejerce poder disciplinario sobre sus electores, y lo mínimo que exige este proceso es una nueva terna en la que cada uno de los candidatos pueda competir con todas las garantías y en igualdad de condiciones”.

Uno de los derechos colectivos que reconoce la Constitución de 1991 es el derecho a la moralidad administrativa que establece que todos los funcionarios públicos deben obrar según los intereses generales de toda la sociedad y no a favor de los intereses particulares de un ciudadano o funcionario. En el proceso de elección del próximo procurador o procuradora se han presentado irregularidades que vulneran la moralidad administrativa y claramente no responden al interés general pues le otorgan ventajas indebidas al actual Procurador, Alejandro Ordóñez. Entre las irregularidades citadas en la acción popular están:

Una conformación desordenada de la terna; Ordóñez fue candidato único durante dos meses, una ventaja que utilizó para avanzar su campaña reeleccionista.

Que el procurador Ordoñez, durante su mandato, ha nombrado en cargos de la Procuraduría a familiares de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que después lo postularon a la terna, y a familiares de sus electores, los senadores.

El desequilibro en el sistema de pesos y contrapesos que implica reelegir a un procurador que no puede ser vigilado por la Corte Suprema de Justica ni por el Consejo de Estado, como lo ordena la Constitución, pues las dos Cortes lo ternaron en momentos diferentes.

La acción popular busca suspender provisionalmente la elección y pide la conformación de una nueva terna en condiciones de igualdad, transparencia y respeto al debido proceso.

Todas estas acciones jurídicas buscan darle al senado la opción de elegir la mejor candidato para el nuevo procurador o procuradora general de la nación sin presiones o vicios en el proceso electoral. La sociedad colombiana necesita un nuevo procurador o procuradora que tenga las calidades para cumplir las funciones que la Constitución le otorga, la primera de ellas, garantizar y defender los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia.