Después de nueve días del paro nacional de arroceros y preocupados por esta problemática, los representantes de la Comisión Quinta, citaron este martes 11 de marzo, a la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino Villegas, al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes Hernández,  ministro de Hacienda y Crédito Público Diego Alejandro Guevara Castañeda y al director general de la Agencia de Desarrollo Rural, César Augusto Pachón Achury, para que respondieran sobre las problemáticas que aquejan a los pequeños y medianos arroceros como son: el contrabando, la importación de Estados Unidos y Ecuador, la falta de financiación y créditos para el crecimiento de los productores y la venta del producto nacional.

“El sector arrocero representa el sustento de 500.000 familias y genera 110.000 empleos directos y 400.000 indirectos, en 23 departamentos del país, la producción no genera la rentabilidad de la inversión y eso genera la caída de los precios que se estaban pagando a $230.000 por carga y hoy en día se pagan $185.000 por carga de 125 kilos”, señaló una de las citantes a este debate, la representante liberal Flora Perdomo, quien también se refirió al aumento de los costos en la tasa del uso del agua (TAU) que golpea a departamentos como Huila y Tolima, debido al alto grado de dependencia de los distritos de riego y por eso se requiere una tarifa diferencial que alivie las presiones de los pequeños productores arroceros.

"Los arroceros de Casanare necesitan soluciones inmediatas. No medidas a mediano plazo, que el gobierno haga algo, pero Ya", señaló a su vez en el debate el Representante de Casanare Hugo Archila, dirigiéndose a la Ministra de Agricultura Martha Viviana Carvajalino y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Por su parte, el representante Gabriel Parrado, también citante, manifestó que se deben dar soluciones coyunturales e inmediatas para los arroceros a la deuda que tienen los agricultores con los proveedores y el sector financiero y que se deben generar mecanismos de apoyo a la comercialización del fondo de cosechas y la cadena del arroz, también que el ministro de comercio revise cómo disminuir el contrabando y las exportaciones.

La representante tolimense, Olga Beatriz González, manifestó que, sí se ha avanzado desde las entidades del Gobierno Nacional en una hoja de ruta implementada por el Ministerio de Agricultura para dar resultados, pero la incertidumbre es que el Gobierno debe tomar medidas inmediatas para que los pequeños y medianos productores, cuenten con una tasa de interés baja para los créditos, se reduzca el contrabando y el costo de los insumos.

Por su parte la viceministra de Hacienda, Juanita Villaveces, respondió a los representantes que respecto al tema de presupuesto el Ministerio de Agricultura recibió $1.47 billones de pesos para su gestión general y que no se pueden hacer adiciones presupuestales con estos recursos se debe trabajar el tema arrocero y también se estableció una meta entre $38.7 y $43.3 billones de pesos para el sector agropecuario, que se distribuyen para créditos a pequeños productores, y para financiar cultivos estratégicos.

A su turno,  la ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino, afirmó que hay respuestas en dos vías, una la de la cosecha de este primer semestre y la de la cosecha más grande que son  tres millones de hectáreas para el segundo semestre del año y también hizo un llamado al sector de la industria para que haga sus aportes a la situación actual y se preguntó qué se va a hacer con los 3 millones de toneladas que se producen este año, también se comprometió a revisar los tratados de libre comercio y el contrabando proveniente de Ecuador, y  expresó que al Gobierno lo que le interesa es que la agricultura crezca y por eso es importante crear una ley para el fondo de estabilización de precios.

Finalmente, la representante Flora Perdomo, agradeció a los colegas y arroceros de Colombia por el espacio y pidió que se necesita acompañamiento del Gobierno para el proyecto de ley de fondo de estabilización de precios, que los programas de alivio estén diseñados para atender la crisis, ya que el paro está afectando la movilidad y la economía del país.