(Foto Archivo)
La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), manifestó su preocupación y lanzó una alerta debido a los recientes ataques vandálicos de los que han sido objeto las empresas petroleras en Caquetá y Putumayo, departamentos donde se ubicarán las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) que se usarán para la concentración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Una de las compañías afectadas es Petroseismic Service, ubicada en el municipio El Paujil (Caquetá) y actual contratista de Ecopetrol que se encuentra ejecutando el proyecto Cardón 2D que busca determinar el potencial petrolífero de esta región colombiana.
Estos atentados no solo generaron la suspensión de operaciones de sísmica y exploración de la cual depende Ecopetrol para el desarrollo del proyecto, también pone en riesgo la producción futura y la autosuficiencia energética del país, ya que esta petrolera, de mayoría estatal, requiere con urgencia incrementar las reservas de crudo, recurso a través del cual le ha contribuido al país vía ingresos, impuestos y dividendos con los cuales se han beneficiado importantes proyectos sociales.
De igual forma, estos atentados terroristas al afectar los eslabones fundamentales de la cadena (exploración y producción), ponen en riesgo la estabilidad económica de Ecopetrol, así como las futuras políticas sociales del postacuerdo.
El presidente Ejecutivo de Campetrol, Rubén Darío Lizarralde Montoya, indicó que es imperativo que el Gobierno Nacional, con su institucionalidad, haga presencia en estos territorios, sobretodo en momentos cruciales del proceso de paz.
“No podemos permitir que se sigan presentando ataques a las empresas o a la infraestructura energética, tampoco amenazas al personal que labora en la industria, esto solo contribuye a la intimidación y a que se aleje la inversión para el sector petrolero, el cual se consolidó durante los últimos años como la columna vertebral de la economía colombiana y será actor fundamental en los posacuerdos”, señaló el directivo gremial.
Acciones terroristas en PutumayoAl igual que en Caquetá, empresas de bienes y servicios petroleros, contratistas de varias compañías operadoras como Vetra, Gran Tierra y Amerisur ubicadas en este departamento, han sido objeto de amenazas, impedimento a la libre movilización y bloqueos ilegales a las operaciones, los cuales son cada vez más reiterativos.
“La parálisis en la actividad ya completa casi un mes y aunque se han presentado denuncias ante las autoridades respectivas y a la Fiscalía, no ha pasado nada. Esto es incomprensible, más cuando estas zonas están destinadas a la concentración de guerrilleros, el desarrollo de los posacuerdos y a un futuro escenario de paz”, indicó Lizarralde Montoya.
Agregó que en estas regiones del país la situación está fuera de control, lo cual afecta día a día a las empresas petroleras, un ejemplo de ello es la compañía Vetra, la cual tiene más de 20 contratistas en la zona, y que ha sido objeto de panfletos amenazantes donde se intimida con quema de vehículos y ataques a la integridad física de quienes laboran en la industria.
“Varios de los bloqueos han terminado en desmanes y enfrentamientos con la fuerza pública, lo que ha dejado como saldo dos uniformados heridos y varios puentes de madera quemados, esto se está convirtiendo en la rutina de la expresión popular; por ello se requiere de manera inmediata de políticas públicas que le permitan a las empresas operar bajo garantías de seguridad sostenibles en el tiempo”, explicó el presidente de Campetrol.
Otro ejemplo dado por el directivo es el contrato entre la operadora Amerisur y la empresa Vector Geophysical, con la que se suscribió un contrato desde hace más de 18 meses, el cual, no se ha podido iniciar por bloqueos por partes de grupos de interés que según informaciones “tienen una agenda relacionad con la paz”, agregó.
Por último, precisó que a través de evaluaciones preliminares, se tiene conocimiento que una de las causas de la incontrolable situación es la preservación de muchos habitantes por los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.