Para hoy está prevista la continuación de una audiencia preparatoria en el proceso que cursa contra el Alcalde de Hato Corozal Alexander Martínez Parra, por el delito de inasistencia alimentaria.

El proceso cursa en el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de la capital araucana, en el que actúa como ente acusador la fiscalía segunda local de Arauca y del cual es víctima Yelitza Vaca Cáceres y su hijo menor de edad.

La audiencia preparatoria inicialmente se había programado para el mes de noviembre del 2015, posteriormente se reprogramo para el 27 de enero de 2016 y se espera que hoy por fin se realice dicha audiencia a las 2 30 de la tarde.

La evasión a las audiencias, las habría justificado con supuestas coincidencias con cirugías programadas en sus extremidades, luego del accidente automovilístico que sufrió el mes de octubre de 2015 que le causó fracturas en sus extremidades inferiores.

El Noticiero CASANARE AL DÍA (Manantial Estéreo 6 – 8 a.m.) contactó esta mañana al Alcalde Martínez, quien sostuvo extra micrófono que “había temas más interesantes para hacer la entrevista”, sin embargo accedió a hablar del tema. Cuando llegó el momento de salir al aire se cayó la llamada y fue imposible volver a contactarlo.

Carlos Fernando Guerrero, director de anticorrupción de la Fiscalía, informó recientemente que existen 108 procesos por inasistencia alimentaria contra alcaldes del país, lo que lo convierte en el delito que se comete con mayor ocurrencia.

Otros políticos casanareños involucrados en procesos de alimentos

En Casanare otro Alcalde enfrenta un proceso por alimentos, se trata de Jhon Jairo Torres, quién fue requerido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que respondiera por la manutención de un hijo de ocho años de edad. Erika Andrea Cifuentes Rojas en su condición de madre, colocó la queja contra el señor Torres argumentando que no respondía por sus obligaciones como padre del menor. El ICBF requirió a JJ Torres para que conciliara la cuota alimentaria.

El otro político casanareño que enfrenta un proceso de este tipo en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Yopal, es el Senador Jorge Eliecer Prieto Rivero, a quién señalan de ser el padre de un menor de cinco años, de acuerdo con una demanda interpuesta por Judith Viviana Espejo Sanabria, que reclama que Prieto responda como padre de su hijo.

El proceso de filiación con número de expediente 2015 481 que cursa en dicho Juzgado, ordenaría que se practiquen las pruebas de ADN para que el Congresista reconozca a su hijo o se descarte su paternidad. Según se conoció Viviana Espejo en varias ocasiones le habría solicitado al Senador el reconocimiento del apellido para su hijo, sin lograr una respuesta de parte del político casanareño, por lo que procedió a las instancias judiciales.

También el Secretario de Gobierno del departamento, Milton Álvarez, enfrenta en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Yopal un proceso, en el que ese despacho acaba de librar una orden de pago dentro de la demanda ejecutiva de alimentos por concepto de cuotas alimentarias adeudadas y dejadas de pagar desde junio del año pasado, igualmente por los gastos de estudio dejados de cancelar en el mismo periodo y mudas de ropa que debían ser entregadas a su hijo. El Juzgado dictó una medida cautelar de embargo en cuentas bancarias y bienes inmuebles.

Las sanciones

Los procesos de inasistencia alimentaria en la legislación colombiana contemplan sanciones fuertes, incluso la pérdida de la libertad en caso de ser condenado.

Aun cuando el demandado haga caso omiso de la demanda, el juez puede imponerle la condena y la cuota de alimentos. El delito de inasistencia alimentaria es retroactivo, lo cual quiere decir que no sólo se toma en cuenta desde el momento en que se realiza la denuncia, sino que parte desde el momento en que el acusado dejo de proporcionar la cuota alimentaria establecida.

A pesar de que en la mayoría de los casos hay una conciliación entre las partes antes de pasar el caso a la Fiscalía, es sabido que muchos incumplen finalmente con lo acordado, por lo que se tienen entonces dos vías para hacer justicia: el embargo de los bienes al alimentante irresponsable o, en el peor de los casos, la judicialización y pago de tal irresponsabilidad con la cárcel.