El Juez 72 de control de garantías penal municipal de Bogotá aplazó para este miércoles la decisión sobre la medida de aseguramiento al Alcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, que coincidieron en solicitar tanto la Fiscalía General de la Nación, como la Procuraduría.

Durante la jornada del martes intervinieron la fiscalía, los abogados tanto de Emilce López esposa del alcalde, como el defensor de Torres y el procurador judicial.

La defensa del alcalde presentó cifras de créditos con entidades financieras y personas naturales que alcanzarían unos 7.000 millones de pesos, tratando de desvirtuar los señalamientos por enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía pidió la máxima pena “por haber engañado a cientos de familias con la venta de terrenos y viviendas de origen ilícito”.

La fiscal delegada argumentó que el alcalde de Yopal “se lucró del dinero de los ciudadanos con una promesa engañosa de compraventa de los bienes, usado para pagar sus deudas y compromisos personales, cercanos a los 2 mil millones de pesos y que el Código Penal contempla penas de 10 a 30 años de prisión por la gravedad de esos delitos”.

“Pretendió esconder la procedencia ilícita de los terrenos ubicados en la Ciudadela La Bendición en donde se construiría las viviendas por un valor cercano a los 36 mil millones por la obra, dinero del cual no es clara su procedencia”, manifestó la fiscal.

Mientras tanto en el caso de su esposa Dora Emilce López Vega, la Procuraduría pidió medida de aseguramiento únicamente para JJ Torres, no para ella, pues según el procurador no se dan las causales para imponerla.

A doña Emilce se le sindica de hacer parte de dos empresas de fachada, tipo SAS (Sociedad por Acciones Simplificada), mediante las cuales se administraban los capitales producto de las compras de los inmuebles.

Como elementos materiales de prueba, la Fiscalía cuenta con las conversaciones obtenidas de interceptaciones telefónicas en donde se observa la manera como se planeaba encubrir el ilícito.

La fiscal del caso le dijo al juez que los terrenos eran del reconocido narcotraficante condenado y extraditado a España, alias “Coletas”, bienes que estaban cobijados con medidas cautelares.

El ente acusador exhibió ante el juzgado la cantidad de propiedades en Bogotá y otras ciudades del país, vehículos y hoteles de propiedad de Jhon Jairo Torres.
Según la Fiscalía desde 2012, Torres obtuvo un incremento de su patrimonio injustificado en $50.000 millones. Para el 2014, la fortuna de Torres, según los investigadores, llegaba a los 44.000 millones de pesos.

Según la representante de la fiscalía para el 2012, Torres creó con su esposa la empresa Hotel Campestre La bendición Yopal S.A.S. Torres y su cónyuge registraron como capital la suma de 10 millones de pesos. Luego, la empresa en el año 2012, presentaba activos por 3.420 millones de pesos, representados en deudas por sus accionistas por más de 3.400 millones de pesos.

En los años 2012 y 2015, JJ “incrementó su patrimonio de manera desmesurada, sin contar con una actividad legal lícita respaldada que determine que esa es la procedencia de esos incrementos patrimoniales”, sentenció la fiscalía en su exposición.

De otro lado la Representante Legal de la empresa promotora de la ciudadela la bendición, Genny Milady Torres Torres, hermana de JJ, continúa prófuga de la justicia.

Testigo clave contra JJ Torres

La ex asesora de Jhon Jairo Torres, Patricia Riveros aportó importantes pruebas para el proceso, que incluirían manejos contables que traspasan la frontera de los delitos financieros.

Patricia Riveros, le sustentó a la fiscalía la existencia de una supuesta doble contabilidad, manejo de dos programas contables, a pesar de la existencia de una sola resolución de facturación de la DIAN.

Según Riveros, los dineros que ingresaban por concepto de pago de cuotas de los lotes en la ciudadela “la bendición”, no entraban a la contabilidad. También proporcionó a la fiscalía documentos sobre el manejo de otra empresa del Alcalde de Yopal denominada “Alquiservicios JJ Torres”.

Incongruencias como inexistencia de archivos de contabilidad por pagos de seguridad social, evasión del pago de IVA, carencia de sistema de facturación, pago de Industria y Comercio mediante tarifas erróneas y confusión contable entre los contratos entre Alquiservicios y ciudadela la bendición, fueron algunas de las inconsistencias denunciadas.

La audiencia se suspendió al finalizar la tarde del martes y se reanuda hoy a las 9 a.m. con gran expectativa por lo que será la suerte del urbanizador ilegal, que ahora responde por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.