El Tribunal Administrativo de Casanare decretó mediante auto la suspensión provisional del contrato 227 de 2015 celebrado entre el Instituto Financiero de Casanare y Reaserfin, cuyo objeto era contratar los servicios profesionales especializados para el inventario, depuración, organización y cobro de cartera correspondiente al convenio liquidado entre el Departamento de Casanare y el ICETEX para la financiación del Fondo de Educación Superior.

La demanda fue interpuesta por el Abogado, Jorge Armando Álvarez Mariño, quien en su parte motiva citó el alcance de la cláusula en lo que tiene que ver con el pago de honorarios ya que se estipularon en el 20% sobre el valor del capital e intereses efectivamente recuperados, siendo lesiva para el erario porque recibirá dicho porcentaje sin desplegar actividades de cobro, es decir recibirán honorarios sin realizar ninguna actividad.

De otra parte señala que el IFC no tendría disposición, decisión o aprobación sobre los pagos que se hagan al contratista sino que sería directamente la Entidad Financiera la que maneje la fiducia.

Igualmente que el Gerente del IFC de ese entonces no tenía autorización para celebrar dicho contrato.

Se cuestionaba la supuesta falta de idoneidad económica y financiera del contratista además de una posible duplicidad de actividades; debido a que la Gobernación había adquirido un software con el fin de implementar un sistema de información de cartera para la administración y control de los créditos estudiantiles fondo Departamento de Casanare y se firmó el contrato con la profesional Johanna Dumez Gamma, para coordinar el proceso de cartera de los créditos educativos otorgados en el marco del mismo convenio.

La cartera del IFC asciende a 30 mil millones de pesos, deudas de 6 mil usuarios que en su mayoría no han pagado debido al desorden en la base de datos de los deudores o un proceso definido para hacer el recaudo.

VEA AQUÍ Fallo del Tribunal sobre Reaserfin suspendiendo contrato