La Policía selló el fin de semana dos parqueaderos judiciales denominados, “JL” ubicado en la calle 32 con carrera 14 y “Ares”, luego de que se verificará la documentación y los permisos correspondientes, encontrando que no contaban con la autorización del Consejo Superior de la Judicatura para funcionar, tampoco cumplían con los requisitos para operar como parqueadero público.
Así lo dio a conocer el abogado Lennin Bustos, quien solicitó que se verificará la legalidad de dichos parqueaderos, debido a los sobrecostos de las tarifas impuestas por dichos establecimientos, a los propietarios de los vehículos retenidos por situaciones judiciales.
“Los propietarios de vehículos que tienen sus automotores en esos lugares pueden solicitar la entrega, porque es ilegal, y pueden demandar a los parqueaderos porque no están habilitado ni por el Consejo Superior de la Judicatura, ni por el municipio”, manifestó el abogado Bustos.
Agregó que ayer al proceder a retirar un vehículo se encontraron que quien lo atiende es un venezolano, que no tiene permiso laboral, quien se comportó de forma grosera y además cobrando precios desorbitantes.
Dijo que por ejemplo, para el caso del carro que iban a retirar, con la tabla del municipio debían pagar 4 millones y ellos estaban cobrando 15 millones, a lo que se le suma que le propusieron al propietario que le daban 2 millones y que mejor les hiciera los documentos del vehículo.
“Se están apropiando de forma irregular de los vehículos que tienen problemas, lo que no vamos a permitir por parte de avivatos”, dijo el abogado Bustos.
“El parqueadero estaba haciendo suplantación para inmovilizar y recoger vehículos con embargos, al parecer con la anuencia de la Policía”, añadió Lennin Bustos. En Casanare no hay ningún parqueadero o depósito judicial avalado por el Consejo de la Judicatura, advirtió Bustos.