Las Presidentas de la Salas Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá fueron sancionadas tras incumplir con una providencia emanada del Tribunal Administrativo de Casanare en un proceso relacionado con la recuperación de dineros que el Departamento bajo el Gobierno de Witman Porras invirtió en fiducias.

Se trata de Martha Lucia Olano de Noguera y Gladys Arévalo, en sus calidades de presidentas de la Salas Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, respectivamente quienes incumplieron, a título de culpa, lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Casanare, en auto del 14 de agosto de 2014, que consistía en que desde dichas Oficinas en la ciudad de Bogotá y Tunja se brindará apoyo vinculando personal profesional de apoyo o sustanciación con dedicación exclusiva, con el fin de imprimir celeridad y eficacia en el trámite de dicha acción popular con la cual se pretende esclarecer la suerte de los recursos que el Departamento de Casanare bajo el Gobierno de Witman Porras dirigió a Fiducias.

La sanción fue proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal que ordenó a las Presidentas en mención cancelar una multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cuales deberán pagar de su propio peculio a órdenes del Fondo para la Defensa de los Derechos Intereses Colectivos dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la providencia.

Pese a que el Juez pidió en varias oportunidades que se diera cumplimiento a la orden del Tribunal las funcionarias se han mostrado renuentes a dar cumplimiento a las órdenes judiciales, motivo por el cual una vez se tramitó incidente de desacato, el Juzgado decidió declarar que han incumplido y que deben pagar cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada una por considerar que su conducta demuestra “un nivel alto de desinterés, de descuido o negligencia frente a este caso”.

Son reiteradas las quejas de los usuarios de la Administración de Justicia, por la falta de atención y recursos para Casanare en esta materia a pesar de que es evidente la alta congestión que se presenta en todos los despachos judiciales sin que de Bogotá o Tunja se obtenga una respuesta oportuna y eficiente a esta problemática, señalaron abogados consultados por este medio.