El Consejo de Estado negó la acción de tutela instaurada por los ex concejales de Yopal, Neil Botía Cárdenas y Gabriel Ricardo Salamanca, contra el Tribunal Administrativo del Casanare, que estudia la demanda de pérdida de investidura contra concejales y exconcejales de Yopal por haber aprobado el proyecto de acuerdo mediante el cual se conformó la Empresa Industrial y Comercial del estado, Ceiba, al considerar que con la actuación se incurrió en detrimento patrimonial.

El fallo con ponencia del Magistrado Oswaldo Giraldo López, señala que no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso en las providencias que niegan un impedimento y una recusación formulados contra un magistrado que es ponente de la acción de pérdida de investidura instaurada contra los concejales que votaron de manera favorable el acuerdo municipal, argumentando que el mismo magistrado había salvado su voto en la sentencia que decidió de manera negativa las objeciones presentadas por el Gobernador del departamento contra dicho acuerdo.

Así las cosas, continuará el análisis por parte del Contencioso Administrativo, que ya terminó el periodo probatorio y recibió alegatos de conclusión en una audiencia que se celebró en diciembre anterior. Lo que resta es producir la sentencia, ya que el curso de la decisión estaba detenido justamente por la Acción de Tutela que ejercieron algunos interesados.

La demanda por pérdida de investidura fue interpuesta por Ney González, David Leal, Yovany Cojo, Álvaro Ortiz y Javier Chaparro contra los concejales de la época, Blanca Nury Barrera Wílchez, Neil Botía, Fabio Castro Sáenz, Rubén Chaparro, Fredy Elías Corredor Acevedo, Nelson Alberto Figueroa, Tito Humberto Laverde, Wilmer Andrade Leal, Jhon Morales, Christian Rodrigo Pérez, Gabriel Ricardo Salamanca, Fabio Suárez y Roland Wílchez.

Según el demandante Álvaro Ortiz, “se quiere sentar un precedente frente a las malas actuaciones de los Concejales que permitieron la constitución de la empresa Ceiba que ha generado tantos inconvenientes en la Administración pública”.