A 14 de las 22 personas implicadas en una investigación por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines, tráfico y fabricación porte o tenencia de armas de fuego, se les ha resuelto su situación legal.

12 de los detenidos desde hace 9 días, se les impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad y a otros 2 detención domiciliaria, en una audiencia que terminó a las 4:30 de esta madrugada.

El polémico caso judicial que estuvo precedido por una serie de allanamientos, ha generado cuestionamientos, ya que gran parte de los acusados de pertenecer a una banda de tráfico de armas y munición, son dirigentes comunales, personas de la tercera edad y ciudadanos sin antecedentes.

La juez de Garantías, Luz Nidia Tobón, citó para las 2:30 de la tarde de este sábado a la continuación de la audiencia en que se definirá la situación legal de los otros 10 involucrados.

Entre tanto, el Juzgado Primero de Familia negó la acción pública de Habeas Corpus solicitada por la señora Leidy Karina Ramírez H. y 19 personas más, quienes alegaban que “se encuentran vulnerados sus garantías constitucionales al haberse prolongado su libertad ilícitamente, toda vez que transcurrieron más de las 36 horas en culminar las audiencias de legalización de captura por parte de la juez del municipio de Chámeza”.

El Juzgado negó el Habeas Corpus argumentando que en desarrollo de las audiencias de legalización de captura se superaron las 36 horas, debido al grado de complejidad del asunto evidenciado en el número de capturas, las diligencias de allanamiento y el número de delitos. Por lo tanto, negó por improcedente la acción solicitada.

Familiares, vecinos y conocidos de los implicados siguen protagonizando protestas frente al Palacio de Justicia de Yopal, acompañados de carteles y bocinas, alegando la inocencia de la mayoría de los involucrados.

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