Por apropiarse de la base de datos del Instituto Financiero de Casanare fueron denunciados ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, abogados que laboraron en la oficina jurídica de la entidad departamental.

Según se informó, los exfuncionarios del IFC incurrieron en faltas a la ética profesional al emprender acciones para que deudores morosos de créditos educativos no paguen sus obligaciones acudiendo a la prescripción.

Los denuncios se presentaron con base en la utilización de la información que manejaron durante su permanencia en el Instituto Financiero de Casanare, según se informó.

Los créditos educativos por pagar sobrepasan los $ 8.000 millones de pesos.