A la cárcel fueron enviados por un Juez cuatro de los procesados por las manifestaciones contra la multinacional Frontera Energy operadora del Bloque Cubiro en el municipio de San Luis de Palenque, tras ser presentados por un Fiscal como una estructura delincuencial organizada, la cual era liderada por el ex concejal y líder social Ferney Salcedo.
Los imputados con medida intramural fueron Ferney Salcedo, Jesús Leal Salcedo, Eliecer Rincón Duarte y Jerónimo Salcedo Betancourt y la medida de detención domiciliaria fue para el Ingeniero Civil Miguel Ángel Rincón, Carmen Iraida Salcedo Gutiérrez, María Teresa Rincón Duarte y Yulivel Leal Oros.
Según el abogado Jorge Cortés, quien representa a Ferney Salcedo, sus defendidos no conforman ninguna estructura delincuencial con fines de concierto para delinquir como lo expuso el Fiscal, sino que “se trata de comunidades de las veredas El tigre y Platanales que ha tendido divergencias con las petroleras y han hecho reclamaciones justas en temas ambientales, laborales, sindicales, mejoramiento de las vías y esas protestas ciudadanas no se pueden criminalizar”, señaló el jurista. Cortés dijo que las protestas sociales enmarcadas dentro de los derechos fundamentales no pueden ser tipificadas como delito, porque todos los ciudadanos tienen derecho a protestar, manifestó que el mero hecho de enviar el Esmad a resolver un problema social, genera un enfrentamiento.
Durante la audiencia se presentó el testimonio de un testigo en condición de protegido que reveló detalles de cómo operaba presuntamente dicha organización que presentó a Ferney Salcedo como líder y a los demás familiares como los encargados de apoyo logístico.
Igualmente se sustentó el concierto para delinquir por los desórdenes ocurridos en febrero de 2018 cuando el patrullero del Esmad, Alejandro Piñeros Ospina, fue enlazado con una soga y arrastrado varios metros cuando pretendía llevarse un caballo de la finca de propiedad de los imputados.
La Fiscalía hizo la intervención de llamadas telefónicas durante un año y el día del allanamiento incautó celulares, computadores, una escopeta y municiones. Las medidas de prisión fueron apeladas y será el Juez Penal del Circuito quien definirá dicha solicitud.
El abogado Cortés dijo que justamente el testigo protegido con reserva de identidad es un motivo de apelación.