Los líderes sociales detenidos por protestas contra la multinacional Frontera Energy sindicados de ser una banda delincuencial organizada, seguirán en la cárcel de La Guafilla de Yopal, entre ellos el ex concejal de San Luis de Palenque Ferney Salcedo, de acuerdo con la decisión tomada por el Juez en segunda instancia la tarde de ayer, según informó el abogado apoderado de los procesados, Jorge Cortés.

Igualmente, el Juez ratificó que en detención domiciliaria continúan el ingeniero Miguel Ángel Rincón, Carmen Iraida Salcedo Gutiérrez, María Teresa Rincón Duarte y Yuliver Leal Oros.

El abogado Cortés informó que no alcanzó a ser resuelto el recurso para Jerónimo Betancourt y Eliecer Rincón Duarte.

La defensa continúa a través de un investigador privado recaudando pruebas para amparar a los líderes señalados de concierto para delinquir agravado, obstrucción de vías, daño en bien ajeno y homicidio en grado de tentativa por las protestas ejercidas desde el año 2012 contra la multinacional Frontera Energy, antes denominadas Pacific Rubiales.

El exconcejal Ferney Salcedo y los demás involucrados en el proceso penal venían reclamando el pago de servicios prestados a la multinacional como por ejemplo el de restaurante ofrecido por la señora Teresa Rincón a quien la compañía le adeudaba 15 millones de pesos, informó el abogado Cortes al desvirtuar que se trate de delincuentes como los quiere señalar la Fiscalía y la petrolera.

El apoderado insistió en que las vías construidas por la Gobernación en las veredas de San Luis de Palenque donde residen los detenidos, fueron deterioradas por el paso de la gran cantidad de tractomulas por lo que la comunidad pedía el debido mantenimiento y al no tener una respuesta decidieron salir a sentar su voz de protesta.

Mientras el Juez señala que los líderes sociales continúan detenidos por ser un supuesto peligro para la sociedad, la comunidad de esa zona se desplazó ayer hasta el Palacio de Justicia de Yopal para pedir su inmediata libertad.

Finalmente, el abogado dijo que se trata de una política de control social del Estado respaldando las multinacionales con quien las comunidades han tenido diferencia de criterios y reclamaciones por su actuar de indiferencia frente a los daños generados por la exploración y explotación petrolera.

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