Una funcionaria de la DIAN en Casanare que había sido despedida por solicitar 30 millones de pesos para “arreglar” una declaración de renta de IVA y evitar una multa de 300 millones de pesos a una comerciante, demandó para ser restituida en su cargo, pero el Tribunal Administrativo de Casanare le negó dicha pretensión. 

Se trata del caso de Luz Aladir Siachoque Gómez, quien en su condición de Gestor/Nivel 301 grado 01 de la División de Impuestos y Aduanas de Yopal, abusando de su cargo solicitó dinero a una contribuyente a cambio de archivar las investigaciones que estaban a su cargo por las presuntas incongruencias en las declaraciones presentadas por concepto de IVA del año gravable de 2014.

Según la investigación, la solicitud presuntamente indebida se realizó el 25 de octubre de 2016, cuando en visita al establecimiento de comercio de propiedad de la contribuyente Nubia Holguin Montaña, afectada conforme al proceso de fiscalización del cual era objeto, la servidora de la DIAN, hizo la petición de 30 millones de pesos para evitar sanciones por incumplimientos tributarios.

Según el relato de la comerciante quien aportó videos y audios como prueba del presunto hecho de corrupción cometido por la funcionaria, en el mes de marzo de 2017 para evitar el cierre del establecimiento la comerciante le entregó 25 millones de pesos a la funcionaria de la DIAN.

Luego de un proceso desarrollado por la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, rentas y contribuciones ITCR y la Dirección de Impuestos Nacionales el 18 de julio se profirió sentencia en contra de Siachoque y fue sancionada con la destitución e inhabilidad de 10 años para ocupar cargos y ejercer funciones públicas decisión contra la que interpuso recurso de apelación.

Los audios del celular, que además fueron guardados en una memoria como prueba del hecho de corrupción, fueron investigados por técnicos forense durante las pruebas decretadas.

El 30 de enero de 2019 la DIAN expidió la Resolución 642 por medio de la cual se hizo efectiva la sanción de la destitución e inhabilidad general por el termino de 10 años, la cual fue comunicada el 15 de febrero, pero la funcionaria interpuso una serie de acciones judiciales como tutelas y finalmente el recurso ante el Contencioso Administrativo sustentando prueba ilícita para ser restituida en su cargo, petición que fue negada.