El ex alcalde de Yopal Jorge García Lizarazo demandó a la Procuraduría ante el Tribunal Administrativo de Casanare.

El ex mandatario reclama que se declare la nulidad de los actos disciplinarios y los fallos de primera y segunda instancia proferidos, por el cual el Procurador delegado para la economía y la hacienda pública y Sala Disciplinaria, en virtud de los cuales fue sancionado con suspensión del ejercicio del cargo por tres meses, convertida en el equivales a tres meses de salario devengado para la época de los hechos, es decir $ 23.575.518.

Además, García Lizarazo solicitó que le reintegren el dinero, que lo excluyan de los antecedentes disciplinarios y que le paguen los daños y perjuicios morales, materiales causados y la defensa técnica por 15 millones de pesos.

García fue destituido luego de salir del cargo debido a que sancionó el proyecto de acuerdo mediante el cual se efectuaron modificaciones al presupuesto general de rentas e ingresos, y de gastos e inversiones del municipio de Yopal para la vigencia 2015.

Dicho Proyecto facultaba al Alcalde para hacer movimientos presupuestales para cumplir con rubros que son de Ley, como por ejemplo para las víctimas, gestión del riesgo, programas de niños, jóvenes, Mujer, para adelantar unos avalúos de predios y para contratar abogados para la defensa jurídica del municipio, entre otros aspectos.

“En su calidad de Alcalde Municipal de Yopal-Casanare, pudo extralimitarse en el ejercicio de sus funciones al presentar, y una vez aprobado, no objetar, el proyecto de Acuerdo que lo facultaba de manera amplia y general para modificar el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversión del municipio de Yopal para la vigencia fiscal 2015… lo que implicó vaciar o trasladar al alcalde la totalidad de la competencia otorgada por la Constitución y la Ley de forma exclusiva al Concejo Municipal, y de esa manera desconocer lo dispuesto por los artículos 313, numeral 3 y 345 de la Constitución, así como las restantes disposiciones que se indicarán adelante”, argumentó la Procuraduría en su momento.

En ese entonces los concejales del Partido Liberal Libardo Carreño y Ximena Cárdenas, fueron quienes formalmente presentaron dos proposiciones para modificar la iniciativa, pero las cuales finalmente no fueron apoyadas por la mayoría.

Para la época de los hechos Leonardo Puentes siendo Concejal, advirtió que dos de los artículos contenidos en el Proyecto de Acuerdo podrían tener vicios de inconstitucionalidad, que comprometerían la validez del Acuerdo. “Estamos a tiempo de subsanar el error y es lo que estoy solicitando. Reconozco que pude haber cometido una equivocación y asumo las consecuencias”.

El ex Concejal Oromairo Avella, para la época calificó la aprobación del Proyecto de Acuerdo como un engaño de la administración municipal para conseguir autorizaciones abiertas e indeterminadas para hacer traslados y adiciones al presupuesto. “Ahora quieren convencer con el argumento de que es solo para asuntos sensibles como el transporte escolar. Lo que sucede es que están liquidando de forma unilateral cuanto contrato o convenio se encuentre en ejecución para "aruñar" recursos y poder contratar en lo que mejor les convenga”.