El Consejo de Estado dejó en firme el fallo de responsabilidad fiscal solidaria por más de 1.900 millones de pesos que la Contraloría le impuso al ex secretario de obras públicas del Casanare, Javier Fonseca.
El exfuncionario fue sancionado por irregularidades en la ejecución de un convenio interadministrativo que tenía como finalidad la construcción de un sistema de alcantarillado pluvial para el poblado de Bocas del Pauto, en jurisdicción del municipio de Trinidad (Casanare), pero la obra no fue terminada ni presta ningún servicio.
En diciembre del 2016, la Contraloría dejó en firme la determinación, lo que condujo al exfuncionario a interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, buscando dejar sin efectos el fallo fiscal.
Para Fonseca, la supervisión y ejecución de esa gestión contractual no estaba bajo su responsabilidad, pues el seguimiento a los contratos no era de su resorte, además, entre otros reparos, sostuvo que la decisión se produjo cuando ya había vencido el plazo legal de cinco años con el que contaba la entidad demandada para adelantar este proceso.
Los hechos se relacionan con el convenio interadministrativo 0152 de 28 de junio de 2007 con la Empresa de Servicios Públicos de Trinidad para la construcción del alcantarillado pluvial para el centro poblado de Bocas del Pauto donde indicaba que la supervisión sería ejercida por la Secretaría de Obras que estaba a su cargo.
El Grupo de Investigaciones y Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental de Casanare de la parte demandada, el 25 de octubre de 2011, dio apertura formal al proceso de responsabilidad fiscal como consecuencia de lo encontrado durante el desarrollo de una Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral realizada respecto de las regalías del Departamento de Casanare en el año 2008 y adicionó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.