Fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos lograron que jueces de la República condenaran, por diferentes hechos, a cuatro exintegrantes de grupos paramilitares por homicidios y desapariciones forzadas en contra de la población civil en los departamentos de Casanare, Norte de Santander y Guaviare.

Héctor José Buitrago Rodríguez, alias El Patrón

Fue condenado a 12 años y 8 meses de prisión, y al pago de 1.866.66 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes) por los delitos de desaparición forzada agravada, tortura agravada y homicidio.

La víctima fue Capitolino Garzón Patiño, y los hechos ocurrieron el 28 de enero de 2002 en Aguazul (Casanare).

La Fiscalía logró establecer que este hombre era visto como enemigo de la Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), que delinquían en ese departamento.

Rafael Emilio Martínez Guevara, alias Panelo

Fue condenado a 10 años y 4 meses de prisión, y al pago de 555.56 SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes). Debe responder por la desaparición forzada de Yamid Pundor Lobo. Los hechos ocurrieron el 20 de diciembre de 2003 en Teorama (Norte de Santander).

De acuerdo con el material probatorio, la desaparición de la víctima obedeció a una conducta sistemática y generalizada de las Autodefensas Unidas de Colombia en esa región del país.  

Alirio Antonio López Rodríguez, alias Águila Siete

 Fue sentenciado a 20 años y 11 meses de prisión y al pago de 1.797 SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes), por la desaparición forzada de Ángel María Ortega López ocurrida el 16 de noviembre de 2003 en El Tarra (Norte de Santander).

El homicidio de la víctima se debió a una concertación de los cabecillas del bloque Catatumbo de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), siguiendo órdenes directas de Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso.

José Covey Romero Zarate, alias Covey

Fue sentenciado a 25 años y 10 meses de prisión, y deberá pagar una multa 4.667 SMMLV (salarios mínimos legales mensuales vigentes). Fue condenado por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil.

Las víctimas son: Carlos Humberto González Trujillo, Olinta Maestre Mendoza y Andrés María Cruz Murillo. Los hechos se dieron porque los exintegrantes del Bloque Centauros (Guaviare) de las Autodefensas Unidas de Colombia señalaban a las dos primeras víctimas de ser supuestamente ayudantes de la “guerrilla” y enemigos de las AUC en ese departamento.

Mientras que Andrés María Cruz Murillo resultó desplazado cuando los integrantes paramilitares prendieron fuego a las viviendas de la vereda.