En una operación de alta precisión llevada a cabo en la vereda Maya del municipio de Paratebueno, las autoridades lograron asestar un duro golpe al Clan del Golfo con la captura de dos importantes cabecillas de esta organización criminal, conocidos en el bajo mundo como "El Tameño" y "El Indio".
Ambos delincuentes tendrían como misión consolidar el territorio de los Llanos Orientales para el Clan del Golfo, siguiendo órdenes directas de alias “Chiquito Malo”, líder máximo de esta organización. Sus actividades incluían extorsiones a diversos sectores económicos en Cundinamarca, Casanare y Meta, y enfrentamientos con otras estructuras criminales por el control de rutas de narcotráfico hacia Venezuela, así como el microtráfico en la región.
Además, coordinaban acciones delictivas con grupos de crimen organizado local, incluyendo tráfico de estupefacientes y ejecución de homicidios selectivos, y se encargaban del reclutamiento ilícito para fortalecer el aparato armado del Clan en las zonas de Casanare y Meta.
Alias "Tameño" está implicado en el homicidio de tres ciudadanos venezolanos ocurrido el 20 de noviembre de 2023 en Villanueva. Mientras tanto, a alias "Indio" se le atribuye el asesinato del líder social Juan Carlos Nieto Calvario, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Miguel de Guarupai, en Cabuyaro (Meta), sucedido el 2 de febrero de 2022.
Albeiro Montaña Daza, alias "Tameño", fungía como el cabecilla financiero del Frente Gonzalo Oquendo Urrego del Grupo Armado Organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (GAO AGC). Por otro lado, Heberson Airtón Sánchez Barrios, conocido como "Indio", ejercía como cabecilla local en Barranca de Upía y Villanueva, y era uno de los más buscados por la Policía Nacional.
Durante la captura, las fuerzas de seguridad incautaron una pistola, proveedores, cartuchos, celulares y radios de comunicación. Alias "Tameño" y "Indio" enfrentan cargos por homicidio, concierto para delinquir agravado, entre otros delitos, y ahora están a disposición de las autoridades competentes para su proceso de judicialización.
Este operativo marca un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en la región y demuestra el compromiso de las autoridades colombianas por restaurar la paz y el orden en los territorios afectados por la violencia y la delincuencia.