Ocho personas más han recibido amenazas contra su integridad personal durante las últimas dos semanas en Casanare, es decir el listado de intimidados por presuntos integrantes de grupos al margen de la ley ascendió a 46.

Así lo informó el secretario de Gobierno Departamental, Julio Ramos, el listado inicial de 38 ciudadanos se ha ampliado para incluir a cuatro profesores y otros cuatro ciudadanos. 

"Nos preocupa enormemente no poder proveer la protección necesaria preventivamente, aunque hemos protocolizado la situación, nuestro recurso más crítico es el personal, es insuficiente para atender adecuadamente la demanda", informó Julio Ramos al señalar que el proceso de denuncias está en manos de la Fiscalía, pero parece no avanzar con la celeridad requerida.

Ramos expresó su preocupación, al señalar que la protección para cada individuo involucra a la unidad nacional de protección para determinar las medidas adecuadas basadas en los informes y pruebas recopiladas, las cuales pueden tardar entre tres y cinco meses. "Es un tiempo en el que no podemos garantizar la seguridad de todos, y eso es algo que no podemos permitirnos", añadió.

La situación se agrava con un antecedente mencionado por el defensor del pueblo delegado, quien recordó un caso en el que, a pesar de haberse otorgado medidas de protección, la falta de recursos impidió la implementación efectiva, resultando en consecuencias fatales.

El secretario finalizó haciendo un llamado urgente para aumentar la colaboración entre las diferentes agencias gubernamentales y buscar soluciones rápidas y efectivas. Mientras tanto, la comunidad de Támara y las áreas circundantes permanecen en un estado de alta alerta, esperando que las autoridades puedan asegurar la protección necesaria para prevenir cualquier acto de violencia.