En un allanamiento con el objetivo de combatir el delito de la extorsión en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad Cárcel La Guafilla de Yopal, fueron hallados 21 equipos telefónicos celulares, 24 simcard, 50 gramos de base de coca, 70 gramos de marihuana y 60 dosis de marihuana listas para su distribución.
Estos elementos, al parecer, eran empleados por internos de este centro de reclusión para contactar a comerciantes, ganaderos, empresarios y transportadores, con el fin de exigir el pago de cuotas extorsivas.
Interrogantes
Siempre se ha dicho por parte de las autoridades que desde los centros penitenciarios se realizan las famosas llamadas carcelarias, para extorsionar, amenazar, intimidar y finalmente robar a los incautos, ¿pero quién dota esos “call center” al interior de la cárcel?
21 celulares en un solo patio, una cifra demasiado elevada, donde el primer responsable de que no existan esos aparatos sería el Inpec y sus guardias, que vigilan y custodian el ingreso de los visitantes al centro de reclusión de mediana seguridad. ¿Es tan débil la guardia o a qué costo ingresan los dispositivos electrónicos?
Ante tanto hecho delictivo de falso servicio o extorsión, cabe preguntar ¿cuánto vale tener un celular al interior de la cárcel?
¿Cuál es la sanción para los que dejan que se conforme un “call center” delictivo?
Cómo es que ingresan celulares, marihuana, coca, cargadores, sim card y cómo es que se da el uso de los dispositivos, aparentemente sin control.
¿El operativo fue en un solo patio, para cuándo los demás?
¿Cómo es que se graban videos, tik tok, desde las carceletas?
Según el Ejército, las víctimas eran contactadas mediante llamadas, así como mensajes de texto o Whatsapp, en donde haciéndose pasar por integrantes de grupos criminales, pedían que se les transfirieran altas sumas de dinero, como pago de extorsiones a cambio de presuntamente no atentar contra su vida, familiares ni bienes.
Durante el procedimiento, en donde se inspeccionaron todos los espacios, como celdas, pasillos, baños, cocinas, áreas deportivas, patios, salones, etc., también fueron halladas armas cortopunzantes y dinero en efectivo.
El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso de judicialización.
Con este resultado, se debilitan las redes criminales dedicadas a la extorsión, contribuyendo al mejoramiento de la seguridad y tranquilidad de la población civil, que podría ser víctima de esta modalidad delictiva, según la Octava División del Ejército Nacional.
En la operación participaron el Gaula Militar, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.