Por elespectador.com
En la primera semana de noviembre de 2010, después de una infructuosa búsqueda de tres años y ocho meses, la periodista Margarita Arteaga fue informada por sus padres que un abogado había llamado de Yopal (Casanare) para que alguien de la familia reconociera unas fotografías incluidas en un expediente a cargo de la justicia penal militar. El 17 del mismo mes, en compañía de su madre, viajó a la región y en un batallón del Ejército recibió la triste noticia: su hermano Kemel Mauricio estaba reportado como N.N. dado de baja en combate.

Durante varios años, primero en el periódico El Espectador y después como corresponsal de El Tiempo en el Eje Cafetero, entre múltiples temas Margarita Arteaga se interesó por los asuntos judiciales y cubrió las novedades de orden público durante los últimos años del gobierno Samper. Años después, en calidad de consultora de las Naciones Unidas en el área de comunicaciones, se vinculó al programa Bogotá Sin Hambre, durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón en Bogotá. Pero frenó su carrera por la desaparición de su hermano.

Su hermano mayor, Kemel Mauricio Arteaga, siempre fue un hombre sin ataduras. Después de validar su bachillerato en 1998 en Manizales, informó a sus padres que había decidido volverse artesano para recorrer el país, apenas ataviado con una mochila y unas herramientas para fabricar manillas, collares, aretes o pulseras. Como un hippie de los años 60, también vendiendo poemas y ostentando un discurso contra el poder de las armas, empezó a viajar por Colombia, de feria en feria, improvisando además un to como locuaz cuentero.

A pesar de su carácter desprendido, nunca se dejaba de reportar con su familia y sacaba tiempo para hacer cursos de manualidades y artes. En la última época se interesó por el manejo de la guadua y realizó talleres de aprendizaje de este oficio en el Sena del Quindío. En 2004 nació su único hijo, hoy bajo la custodia de sus padres. Esta fue su cotidianidad hasta marzo de 2007, cuando optó por viajar a Yopal (Casanare), donde le habían prometido un buen mercado para sus artesanías, pero sólo encontró la muerte en un extraño caso sin investigación.

El último día que llamó a su familia fue el 25 de marzo de 2007 y confirmó que seguía en Yopal con su compañera y su amigo Andrés Fabián Garzón, a quien había llevado a su casa de Manizales para celebrar el año nuevo de 2003. Después empezó a pasar el tiempo y, ante el prolongado silencio, el corazón de su madre puso a todos a sospechar que algo extraño había sucedido. Entonces comenzó la búsqueda. Y la primera sorpresa fue saber que una tía del amigo Andrés ya había denunciado la desaparición de él y de Kemel Mauricio.

La mujer había acudido a la Fiscalía de Yopal para denunciar que ambos estaban desaparecidos desde la madrugada del miércoles 28 de marzo, pero que un tío de ella había visto cómo los sacaban de un establecimiento público y los subían a una camioneta blanca. Además, agregó en su denuncia que tres días antes de su desaparición, Andrés Fabián había llegado a su casa para contarle que por segunda vez lo había retenido la Policía sin justificación, y que el agente que lo hizo le había advertido que no se volviera a dejar encontrar.

Después se supo que Andrés Fabián, mecánico especializado en frenos hidráulicos, horas antes de su desaparición dejó a guardar una bicicleta en el taller donde se estaba ganando unos pesos y salió en compañía de Kemel Mauricio a un bar conocido como “Los Monguitos”, ubicado en la denominada zona rosa de Yopal. Cuando la Fiscalía interrogó a la denunciante acerca de si su sobrino tenía algún vicio, la mujer contestó con sinceridad: “Le gustaba mucho el licor y creo que algo de droga. Por eso andaba con el grupo de los artesanos”.

Con esta información, los padres de Kemel Mauricio, desde Manizales y con el respaldo de la Defensoría del Pueblo, enviaron un derecho de petición a la Fiscalía en Yopal para que diera alguna razón acerca del paradero de su hijo. Nunca hubo respuesta. Entonces, la periodista Margarita Arteaga, en contravía de sus padres, optó por viajar al Casanare para buscar a su hermano. Con una fotografía en las manos, acudió a cuanta oficina pública encontró en Yopal, sin resultados convincentes. Pero no se resignó y persistió en su búsqueda.

Esta vez en la calle, con los artesanos o con cualquier transeúnte. Hasta que un hombre se bajó de una bicicleta y le dijo: “Nena, yo sé a quién está buscando porque usted es tan parecida que sólo le falta la barba. Pero no lo busque porque no lo va a encontrar”. Con esas lapidarias frases, Margarita decidió ir a la Policía. No halló nada en los archivos, pero cuando mostró la foto, un agente le preguntó: “¿Y ya fue a la morgue?”. Ella replicó contrapreguntando y en tono airado: “¿Y usted por qué me está mandando a buscarlo entre los muertos?”.

Salió de la Policía y fue al Gaula del Ejército, donde tampoco supo nada, pero le sugirieron que averiguara si estaba reportado en los combates contra ‘Los Urabeños’. Una vez más Margarita se indignó y le dijo: “Mi hermano era un artesano, si usted quiere un hippie, pero nunca le gustaron las armas”. Convencida de que estaba perdiendo el tiempo, pero con la certeza de que su hermano estaba muerto, regresó a Bogotá y, dos semanas después, le contó su historia en la radio al director de la Policía, general Óscar Naranjo, quien prometió ayudarle.

Y lo hizo. Por eso regresó a Yopal, acompañada de un grupo de investigadores, pero la búsqueda fue infructuosa. Entre tanto, y ya desesperada por la falta de respuestas, la madre de Kemel dejó Manizales y literalmente empezó a empapelar Ibagué y Pereira con una foto de su hijo, acompañada de sus datos personales y un triste título: “Desaparecido”. Después viajó a Bogotá y nadie pudo impedirle que se metiera en el Bronx, la Calle del Cartucho, o debajo de los puentes para preguntar si alguien había visto a su hijo. Nadie le dio razón de su paradero.

El tiempo siguió pasando hasta la llamada telefónica de noviembre de 2010. Ella y su hija Margarita regresaron al Casanare, y esta vez, en la sede del Batallón de Infantería Número 44 Ramón Nonato Pérez, tuvieron que enfrentar el fatal desenlace. Un juez penal les mostró las fotografías de dos cadáveres. De inmediato lo reconocieron. Eran Kemel Mauricio y Andrés Fabián y estaban reportados como muertos en un supuesto enfrentamiento ocurrido el 28 de marzo de 2007, a las 4 y 45 de la mañana, en la finca El Carajo de Maní (Casanare).

La madre se derrumbó en una silla. Margarita contuvo sus lágrimas para darle valor. Con la evidencia de la muerte de su hijo y hermano, la tarea inmediata era recuperar su cuerpo para darle sepultura. Se unieron a la familia de Andrés y, con autorización del juez, en marzo de 2011, acudieron al cementerio de Mani para exhumar los cadáveres. “Eso no era un cementerio, era un basurero y las raíces de los árboles abrazaban las tumbas”, recuerda Margarita. El sepulturero sólo dijo: “Los N.N. están en el rincón de la alambrada, hacia la derecha”.

Entonces Margarita volteó para encontrarse con una imagen desgarradora: las dos mujeres, bajo un sol canicular y portando rosarios, escarbaban con sus manos en la tierra en busca de sus hijos. Ese día no pasó nada. La diligencia se repitió a las 24 horas, y Margarita aportó un testigo clave. Recorriendo el pueblo en todos sus rincones, dio con el antiguo sepulturero que le volvió a decir lo mismo de su colega: “Los N.N. están en el rincón de la alambrada, hacia la derecha”. Ese día, ocho soldados cavaron pero no dieron con los cuerpos.

Desde entonces, la búsqueda no cesa. Ya le han escrito cartas a la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en Colombia, a la Unidad de Justicia y Paz, a la Fiscalía, pero no hay respuestas. Margarita Arteaga, sus padres y su segundo hermano, Federico, ya saben que a la 1 de la mañana los sacaron de Los Monguitos, y tres horas después fueron reportados como dados de baja en un supuesto combate con el Ejército. Y que además fueron enterrados como N.N. en el cementerio de Maní. Pero sus cuerpos nada que aparecen.

“Rogamos ayuda humanitaria para que las autoridades, representadas en la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, que han sido informadas del caso, procedan y nos permitan elaborar debidamente el duelo por nuestro ser querido. Que a la injusta e ilegítima muerte de nuestro familiar no se avoque el dolor de la desaparición de su cuerpo”, escribieron en su última carta a la fiscal general, Viviane Morales. Y ahora los acompaña en su tarea un abogado y defensor de Derechos Humanos de la Corporación por la Dignidad Humana.

Con este apoyo, Margarita y su familia, así como los deudos de Andrés Fabián Garzón, ya saben que, desde 2007, trece suboficiales y soldados del Ejército respondieron indagatorias sobre lo sucedido en la finca El Carajo de Maní. Su respuesta fue la misma: se declararon inocentes porque supuestamente respondieron a una agresión. Que el operativo se hizo por información de la red de cooperantes y que ante su advertencia de que ellos eran del Ejército, les respondieron con fuego. Después les encontraron a los supuestos delincuentes armas de fuego y una granada.

Hoy, Margarita Arteaga duda de todo. En la foto que vieron, su hermano llevaba puesta una ropa que nunca vestiría un artesano. En cambio, se hablaba en el reporte de un disparo en el tórax y otro en la parte posterior de la cabeza. En cuanto a su amigo Andrés, quien era de Villavicencio, pero tenía familia en Yopal, además de carecer de antecedentes, sufría de una enfermedad en la mano izquierda que le dificultaba su movimiento. ¿Cómo pudo portar un arma en esa mano, tal como se reportó en el supuesto combate? ¿Fue un falso positivo? Las autoridades tienen la palabra.

El país de los muertos sin nombre
El pasado mes de mayo, durante un seminario sobre desaparición forzada celebrado en Bogotá, el representante en Colombia de la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, hizo pública una cifra escalofriante: en Colombia se han registrado más de 57.200 desaparecidos en las tres últimas décadas, de los cuales 15.600 son considerados víctimas de desaparición forzada.

Días después de este seminario, en las instalaciones del Ministerio del Interior y de Justicia, se reveló el primer informe que pudo establecer la identidad de 9.968 personas que se encontraban sepultadas bajo la denominación de N.N.

Entonces Salazar también dejó clara su postura: se requiere mayor transparencia frente a los muertos en combate que son declarados como N.N. y estimó que entre 2004 y 2008 más de 3 mil ciudadanos fueron presentados como dados de baja en estos enfrentamientos, pero antes fueron relacionados como desaparecidos.