El diputado Wilder Ávila visitó la finca Dinamarca en la vereda El Amparo de Maní, donde fueron reubicadas 49 familias campesinas desplazadas desde el sur del Cesar. Durante el recorrido, verificó sus condiciones de habitabilidad y dialogó con líderes comunitarios para evitar conflictos en la zona. 

Ávila enfatizó la importancia de brindar información clara a la comunidad local y llamó al Gobierno Nacional y departamental a agilizar la implementación de proyectos productivos y soluciones de vivienda para estas familias, que llevaban meses en condiciones precarias en Bogotá. 

Asimismo, el diputado instó a la administración municipal a involucrarse en la situación y garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, como la instalación de baños portátiles y refugios temporales, especialmente ante la llegada de la temporada de lluvias. 

Sobre el descontento del alcalde Ferney Chaparro, quien aseguró que no fue notificado del traslado, Ávila señaló que, de ser cierto, se trataría de una falla institucional. No obstante, recalcó la necesidad de gestionar soluciones inmediatas para evitar mayores afectaciones a los desplazados y a la comunidad de Maní. 

Ávila informó que otras fincas adquiridas en la zona, como Caimán y Versalles, serán destinadas a víctimas del conflicto en la región, permitiendo que más familias puedan acceder a tierras para producir y establecerse dignamente.

 Gobierno nacional compró tres fincas 

Un total de 49 familias campesinas, víctimas del paramilitarismo en el sur del Cesar, fueron trasladadas por el Gobierno Nacional desde Bogotá hasta la vereda El Amparo, en Maní, Casanare.

 Los afectados habían sido desplazados en 1996 y, tras cinco meses viviendo en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras, fueron reubicados en un predio adquirido por el Estado, informó Isaí Cañasares, vocero de los desplazados.

El traslado generó preocupación en la comunidad local, por lo que se realizó un diálogo con las autoridades municipales y líderes de la zona. Los recién llegados aclararon que no son reinsertados de grupos armados, sino campesinos que buscan rehacer su vida, explicó Isaí.

El predio entregado tiene 621 hectáreas y se espera que se implementen proyectos productivos a través de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), así como soluciones de vivienda. Sin embargo, actualmente las condiciones son precarias, sin acceso a servicios públicos básicos.

Las fincas que pasarán a ser predios de los desplazados son La Caimana, Vesalles y Dinamarca que fue a donde llegaron los desplazados. Sobre Dinamarca hay una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo que advierte sobre la presencia de integrantes de un grupo al margen de la ley en la zona.

Las familias desplazadas esperan el cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional, en cuanto a los estudios de qué proyectos productivos se pueden desarrollar.

Mientras tanto, los reubicados se organizan para gestionar el acceso a educación para los niños y mejorar las condiciones sanitarias del lugar, a la espera del cumplimiento de los compromisos gubernamentales.