Por PRENSA ANT

El Gobierno del presidente Gustavo Petro les hizo justicia a 49 familias víctimas de tortura y despojo en el sur del Cesar, a quienes en 1996 actores paramilitares expulsaron de la antigua Hacienda Bellacruz, reclamando que eran predios de la familia Marulanda. Cuando regresaron, encontraron sus tierras sembradas de palma de aceite.

Estos labriegos esperaron 28 años para tener un suelo propio en el que podrán sembrar y vivir en paz, y tras siete horas de viaje por tierra desde Bogotá, llegaron a la finca Dinamarca, en el municipio de Maní, Casanare, predio de 628 hectáreas que la Agencia Nacional de Tierras ─ANT─ adquirió para restablecerles sus derechos.

El caso de la Hacienda Bellacruz quedará en los anales de la historia como una de las épocas más oscuras de persecución e injustica contra el campesinado colombiano, pues entre 1990 y 1997, de manera coordinada, los dueños del predio y las Fuerzas Armadas actuaron contra los más pobres, tal como está documentado por la Comisión de la Verdad. 

“Con el predio Dinamarca en el municipio de Maní, hoy el Gobierno por medio de la Agencia Nacional de Tierras reparó a estos campesinos y campesinas con predios productivos, en los que van a poder cultivar y además tener una vida digna, lejos del conflicto armado”, dijo el asesor de Dirección de la ANT, Harold Barreto, encargado de liderar el proceso. 

El funcionario agregó que “las familias tendrán Unidades Agrícolas Familiares para garantizar su soberanía alimentaria y mejorar su economía rural. Como Agencia, los acompañaremos para que se organicen y puedan desarrollar proyectos productivos que estará entregándoles la ANT como beneficiarios de la Reforma Agraria”. 

Desde Maní, Casanare, Isaías Cañizares Navarro, representante de la Asociación Campesina Víctimas de Desplazamiento Forzado, manifestó: “Hoy nos encontramos en el predio Dinamarca llenos de alegría, y contentos estamos cerrando un capítulo de Bellacruz. Quiero darle los agradecimientos al Gobierno del Cambio, pues por fin las familias llegaron a respirar aire puro de campo”.

“Viendo estas tierras tan fértiles, queremos sembrar en ellas yuca, plátano y frutales que nos garanticen seguridad alimentaria, lo cual mejorará nuestra economía rural”, concluyó el líder campesino. 

 Hechos que marcaron la historia

A sus 47 años, John Solano Rangel, ahora beneficiaro del predio en Maní, recuerda que desde los 11 vivía con su papá en la vereda Cienaguita, donde queda la Hacienda Bellacruz. Allí transcurría su crianza hasta que, cierto día, cuenta, llegó un grupo armado que los amarró a él y a otros jóvenes de su edad, les cortaron la ropa con cuchillos y con un látigo al que le llamaban ‘Martín Moreno’, que terminaba en cuatro puntas de bala, les dieron latigazos tan fuertes que les arrancaron pedazos de carne de sus cuerpos. 

Luego, los ilegales empezaron a matar a diferentes pobladores. “Nos hicieron correr de allá, nos tocó salir sin nada, nos quitaron todo, nos quemaron las casas, las propiedades, el ganadito, unos caballos y nuestros cultivos, salimos sin nada de allá”, recuerda Solano.

Y continúa: “En ese entonces, la policía trabajaba en conjunto con los paramilitares. Mataron a mi padre y su cuerpo duró cuatro días botado en el cementerio, y decían que si los hijos llegábamos a recogerlo nos iban a esperar para enterrarnos de una vez con el viejo”.

Renace la esperanza

La lideresa Yaneth Galvis, de la Asociación de Bellacruz, recuerda su lucha de 28 años y dice que “gracias a Dios hoy estamos vivos, en Maní, Casanare. Somos 49 familias beneficiarias de la Reforma Agraria. Estamos felices, contentos, esperamos que la Agencia Nacional de Tierras y todas las entidades del Gobierno nacional nos sigan apoyando, porque somos 22 mujeres cabezas de hogar que estamos en la lucha y queremos que nuestros hijos tengan una vida más digna”.

 Caso emblemático mundial

De acuerdo con las investigaciones de la Comisión de la Verdad, en la Hacienda Bellacruz, ubicada en el sur del departamento del Cesar entre los municipios de Pelaya, Pailitas y Tamalameque, con un área de conflicto sobre 9.000 hectáreas de tierras, sucedieron dolorosos hechos reconocidos como crímenes de lesa humanidad por la Dirección Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, mediante resolución de agosto 8 de 2018, radicado 514.

El caso fue noticia internacional por las características mismas de lo ocurrido, pero a la vez, porque entre los responsables del despojo de la tierra estaban el exministro de Desarrollo, Carlos Arturo Marulanda Ramírez, y su familia. Para la época de los hechos, Marulanda fungía como embajador de Colombia ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, con sede en Bruselas, representación diplomática que ocupó desde 1991 hasta 1997.

Las comunidades campesinas “hablan de que aproximadamente 280 familias fueron desalojadas en 1996, hechos que ocurrían en medio de detenciones y atropellos contra la población”, narró la Comisión de la Verdad.

Hoy, en medio del calor que los acoge en Maní, las 49 familias sienten que su lucha valió la pena y están listas para comenzar una nueva historia en la finca Dinamarca, que les entregó el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Tierras, para que la trabajen y así garantizarles justicia social.