Por VerdadAbierta.com
En Casanare nadie había denunciado el robo de tierras. Hasta hace poco veinticinco campesinos viajaron hasta Yopal para hacerlo ante el Ministerio del Interior y de Justicia, después de 25 años de haber sido víctimas de homicidios, desapariciones y despojos.

Sus denuncias aparecen en una región donde Acción Social registra 11.881 desplazamientos entre 1997 y agosto de 2010, y donde según las víctimas, detrás de muchos de esos destierros vino un despojo sistemático de sus fincas por parte de los paramilitares.

Cada uno alzaba la mano para pedir la palabra. Todos querían contar su tragedia, después de que los funcionarios del Ministerio anunciaron que instalarían allí la Segunda Mesa de Justicia Transicional del país, un mecanismo para atender de forma integral a las víctimas. “Doctor, estamos alegres que nos hayan venido escuchar. Las sabanas de Casanare claman justicia. El problema es el miedo y el silencio”. Las palabras de la líder comunitaria resumieron el clamor de los campesinos de la región.

Y es que por Casanare aún ronda la sombra de Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, el exjefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc) que dejó por lo menos 10.000 víctimas en la región y hoy se encuentra prófugo de la justicia. Las Acc o ‘Los Buitragueños’, como se les conocieron popularmente, fueron el único grupo paramilitar de los Llanos Orientales que no se desmovilizó. Por eso los campesinos tienen miedo de denunciar, “porque aquí se convive con ellos”, dicen en la región.

Fue en este escenario propiciado por el Ministerio del Interior y de Justicia que los campesinos se atrevieron a denunciar cómo ‘Los Buitragueños’ los despojaron de sus fincas. En Casanare, el departamento con mayor número de desaparecidos por habitante -alrededor de 6.000-, empezaron a aparecer las primeras pistas de cómo fueron los despojos sistemáticos.

VerdadAbierta.com viajó a la zona, habló con las víctimas y a través de sus historias se pudo conocer la magnitud del robo de tierras.

El despojo en el Hato y la Paz
El río Ariporo es la principal fuente hídrica de dos municipios vecinos: Hato Corozal y Paz de Ariporo. Ambos están ubicados en el norte del departamento y sus fincas son consideradas de vega, es decir, tierras fértiles para los cultivos de pancoger.

Los campesinos calculan que los despojos allí superaron los 600 predios por orden de Orlando Mesa Melo, alias ‘Diego’, exjefe financiero de ‘Los Buitragueños’, quien ha solicitado que sea postulado a los beneficios de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz.

Según los relatos de los campesinos, alias ‘Diego’ los amenazó y los desplazó para quedarse con las mejores tierras. En su estrategia, envió emisarios que los obligaron a firmar ‘cartas-venta’, un documento que no tiene validez jurídica, pero con el cual el paramilitar les ‘compró’ la tierra a precios irrisorios a nombre de familiares que le sirvieron de testaferros.

“El 10 de agosto de 2001 tuve que salir de Hato Corozal. Un grupo de 500 paramilitares a cargo de alias ‘Diego’ se instaló en mi hacienda. El 25 de ese mes citaron a mi esposa y le dijeron que no fuera a decir nada, que aceptara $30 millones de pesos por la finca o si no nos mataban. Me robaron todos los animales, incluyendo 450 reses”, dijo un afectado que, como los demás campesinos de la región, hablaron bajo reserva de identidad por razones de seguridad.

Este es uno de los 10 casos de robo de tierras que ha ido documentando la Fiscalía 16 de Justicia y Paz.
Según la investigación, en esa finca los paramilitares instalaron una base de entrenamiento entre otras razones por la cercanía al río Ariporo y su navegabilidad, lo que les ofrecía mayor movilidad por la región a través de este afluente.

El campesino contó que después de ser desplazado, familiares de alias ‘Diego’ lo amenazaron para hacerlo firmar una ‘carta-venta’ por $15 millones a nombre de una cuñada del jefe paramilitar, contó el mismo campesino al que le habían ofrecido $30 millones por la hacienda.

“Mi finca es de 700 hectáreas. Eso fue una venta forzada por un precio irrisorio. Esto no hubiera sucedido si el Gobierno me hubiera titulado a tiempo”, dijo. El cartapacio que lleva consigo indica que su solicitud data de septiembre de 1994 y que el Incora le informó que lo visitaría el 17 de octubre de 1996. El trámite quedó ahí hasta que los paramilitares lo despojaron.

La tragedia de sus vecinos fue similar. Otro campesino de Hato Corozal denunció que en octubre de 2002, ‘Los Buitragueños’ le mandaron a decir que alias ‘Diego’ le compraba las 240 hectáreas de su finca por $100 millones y que de no hacerlo, se llevaría a sus hijos.

“Me dieron $15 millones y me hicieron firmar una ‘carta-venta’ a nombre de una señora, que luego supimos que era la suegra de alias ‘Diego’. Cuando traté de volver a mirar qué había pasado con mi finca, me llevé la sorpresa que le habían cambiado el nombre”, advirtió el labriego.

Cruzando el río, en las veredas de Paz de Ariporo vivieron el mismo viacrucis. “Mi finca es pequeña, pero bonita. Tiene 20 hectáreas y allá tenía ganado y cultivos de plátano, maíz y yuca. En 2000, el paramilitar ‘Diego’ me mandó razón que tenía que vender la finca, que me daba un mes para irme. Me dijo que me daba $15 millones y terminó dándome $4 millones. Lo peor fue que no solo se conformó con lo mío. ‘Diego’ le quitó las fincas a otras 17 familias”, dijo un campesino.

En Paz de Ariporo las 17 familias compartían lo que ellos llamaban la sabana, una extensión comunitaria sembrada con pastos para alimentar a las bestias. “Los paramilitares se quedaron con la sabana y con las 17 fincas. En menos de un año nos sacaron a todos matando a varios de nuestros seres queridos. Quemaron todo: los cultivos de plátano, yuca y maíz, incluyendo la escuela. No pudimos volver. Ahora esos predios están destinados a la ganadería”, denunció una víctima.

Ninguno de los los afectados tiene copia de las ‘carta-venta’, menos de un título de propiedad, porque allí la tenencia de la tierra es informal. Casanare fue creado jurídicamente en 1991 y en la mayoría de los casos, los campesinos cuentan que heredaron las fincas de sus padres, colonos todos ellos que llegaron allí hace varias décadas a explotar los terrenos baldíos. Según Magdalena Peñuela, directora regional del Incoder, en sus oficinas hay 10.000 solicitudes de titulación, una cifra que da cuenta de la dimensión del problema de la tierra en este departamento.

El robo en Aguazul y Maní
De Yopal hacia el sur están ubicados Aguazul y Maní, dos municipios donde los campesinos denunciaron despojos masivos de tierra. Aguazul fue el sitio donde José Reinaldo Cárdenas Vargas alias ‘Coplero’, el único desmovilizado de ‘Los Buitragueños’, instaló una oficina de sicariato, según lo ha confesado en versiones s ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.

En la reunión ante el Ministerio del Interior y de Justicia, un campesino que representa a las nueve veredas de ese municipio contó cómo ‘Los Buitrago’ les robaron las tierras: “En octubre de 2001, seis paramilitares llegaron y mataron a mi hermano. Por miedo a que nos pasara lo mismo nos desplazamos. El que hizo todo eso fue alias ‘HK’”.

Según la Fiscalía, alias ‘HK’ era Luis Eduardo Linares Vargas y fue el segundo de alias ‘Martín Llanos’. En una versión realizada en agosto de 2010, alias ‘Coplero’ contó que ‘HK’ elaboraba los listados de las personas que luego fueron asesinadas tras ser señaladas de colaborar con la guerrilla o con el Bloque Centauros, grupo paramilitar con el que se declararon la guerra.

“La finca tenía 150 hectáreas y era una sucesión. No tenía títulos porque todo ocurrió cuando estaba haciendo el trámite. Además de los cultivos y las 50 reses, perdí una empresita familiar que tenía. Nosotros, a diferencia de muchos, sí pudimos volver”, dijo.

El campesino asegura que en Aguazul ‘Los Buitragueños’ no se quedaron con las tierras, sino que las usurparon provisionalmente para instalar bases. Cosa muy distinta, aseguran los campesinos del municipio de Maní, ocurrió con sus fincas. Allí los habitantes calculan que los paramilitares de ‘Martín Llanos’ se robaron 10.000 hectáreas que ahora están sembradas con palma aceitera.

“Solo en una vereda éramos 40 familias y a todas nos sacaron corriendo. Los paramilitares nos amenazaron y nos trajeron a una notaría de acá de Yopal, en la que autorizábamos la venta de las fincas. La mía, que era pequeña, costaba $20 millones y me dieron $8 millones. Luego tratamos de averiguar y nos dimos cuenta que todo había cambiado”.

Según el campesino, las fincas de las 40 familias “pasaron por varios dueños” y luego fueron englobadas en un solo predio de 3.000 hectáreas. “Desde hace tres años sembraron palma. Antes, ahí los paramilitares instalaron un laboratorio de coca y un helipuerto clandestino que lo ocultaban con ganado y luego lo reabrían con una retroexcavadora”, contó un campesino.

En otra vereda de Maní, una familia sufrió el despojo de 2.500 hectáreas a manos de los paramilitares, después de que el Incora no les quiso titular porque en la zona había petróleo. “No teníamos títulos porque era una sucesión de 120 años, de una posesión que tenía mi tatarabuelo. Los de ‘Martín Llanos’ nos quitaron la tierra y mi hijo, que andaba reclamando, fue asesinado. Sin embargo, nosotros seguimos pagando impuestos con la esperanza de que algún día nos devuelvan la tierra con escrituras”, contó una campesina de la zona.

En Casanare ninguna de las víctimas quiere que aparezca su nombre ni el de su finca. Nada que dé pistas que los ponga en riesgo. Por eso le solicitaron al Ministerio del Interior y de Justicia que busque una fórmula jurídica para que los 120 paramilitares de las Acc que están presos, puedan ser incluidos en Justicia y Paz.
“Las víctimas del Casanare no hemos recibido la verdad. Pedimos que los paramilitares sean incluidos en esa ley para que confiesen dónde están nuestros desaparecidos y cómo se robaron nuestras tierras”, dijo un campesino durante la reunión.

Mientras eso sucede, el Ministerio de Agricultura se comprometió a estudiar la historia de los bienes, y la Fiscalía creó una sub-unidad especializada para investigar el robo de tierras. El Incoder dijo que, a través de un convenio firmado con la Gobernación de Casanare, adelantaría las primeras 400 mediciones de terrenos para luego seguir con los procesos de titulación.

Según estadísticas de Acción Social, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Aguazul y Maní están precisamente entre los municipios más expulsores, es decir, de donde han salido más familias desplazadas entre 1997 y agosto de 2010. Entre los cuatro municipios, en ese lapso de tiempo, han sido desplazadas 4.303 familias (ver datos), con una mayor intensidad en 2002, cuando los ‘Buitragueños’ empezaron una guerra con ‘Los Centauros’, de Arroyave, alias ‘El Arcángel’.

Para la Fiscalía 16 de Justicia y Paz y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, fue en 2002 donde aumentó el despojo sistemático en este departamento. “El robo de tierras hizo parte de la estrategia de control militar de esos bandos. En la financiación de esa guerra, los paramilitares cobraron impuestos ilegales por hectárea cultivada, por cabeza de ganado y hasta por gallina. Todo eso implicó despojos”, dijo un investigador de la Cnrr.

Mientras ‘Los Centauros’ delinquieron de Yopal hacia el norte, en los municipios de Pore, Nunchía, Támara, Hato Corozal, Paz de Ariporo, San Luis, Trinidad y Orocué; los ‘Buitragueños’ lo hicieron hacia el sur, en Aguazul, Maní, Tauramena, Monterrey, Villanueva, Recetor y Chámeza. En medio de esa confrontación, las organizaciones de víctimas creen que durante los últimos 10 años fueron desplazadas 300.000 personas dentro del territorio, la misma población que tiene censada el departamento, según el Dane.

Los campesinos aseguran que persistirán en sus reclamaciones. “Yo creo que mañana será mi último cumpleaños. Cumplo 54. Creo que por andar reclamando en cualquier momento me matan. Pero yo insisto, sigo luchando por una tierra que le pertenece a mis hijos y no a unos bandidos”, dijo un campesino.