Información de eltiempo.com Unidad Investigativa

Para miles de desempleados en el país el programa del Servicio Público de Empleo (SPE), que lanzó el Gobierno en junio del 2013, se convirtió en su tabla de salvación. En menos de un año, se conformó una red de entidades públicas y privadas de primer nivel, a través de las cuales están consiguiendo un cupo en el mercado laboral.

Pero en algunas zonas de explotación petrolera –sector que mueve cerca de 47.000 empleos directos–, el ingreso de este modelo ha estado rodeado de protestas, amenazas y hasta de un asesinato.

La líder sindical Edith Santos fue baleada el 29 de agosto, ocho días después de que la Unidad del Servicio de Empleo del Gobierno autorizó que la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal del área de influencia de San Isidro de Chichamentela (Cjaid), que ella representaban, manejara la franquicia de la bolsa de empleo en Acacías, Meta. En febrero, la líder ya había sido noticia por participar en el paro petrolero que terminó en graves disturbios con la Policía.

La Fiscalía aún está indagando los móviles del crimen, pero éste prendió las alarmas de las autoridades que venían recibiendo versiones de que, en 28 municipios donde avanzan nuevos y multimillonarios proyectos petroleros –en Meta, Casanare y Putumayo–, el manejo de las vacantes está convertido en ‘botín’ de organizaciones criminales.

“Decidir a quién se emplea no solo se convierte en poder y control político y social. También permite amarrar millonarios contratos de prestación de bienes y servicios con petroleras, que van desde el transporte de maquinaria hasta el manejo de casinos de comida en los campamentos”, dijo un oficial que ya le entregó un informe al Gobierno sobre lo que está ocurriendo.

En éste se asegura que un viejo ‘para’ del Meta, aliado de ‘los Urabeños’ y conocido como ‘Jorge’, está detrás de fundaciones que obtienen esos contratos.
“Desde la cárcel manda. Su influencia se siente en el Meta, Casanare y límites entre Guaviare y Vichada”, dijo un miembro de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Meta.

EL TIEMPO llamó a la fundación, en Acacías, que relaciona con el ‘para’ y antes de tirar el teléfono, el encargado manifestó que admiraba a la líder asesinada.
En Putumayo y el Catatumbo, gente cercana a la guerrilla es la que está moviendo algunos de los hilos de la contratación.

El truco para ejercer ese poder son los llamados procesos de socialización. Según el Decreto 2820 del 2010, para que una empresa pueda entrar a una zona, le debe dar a conocer a la comunidad el proyecto petrolero.

En esos escenarios, empresas como Ecopetrol suelen hacer acuerdos provechosos, como que el 100 por ciento de la mano de obra no formal sea de lugareños.

“Pero se volvió costumbre que, además de controlar la totalidad de empleos no calificados, algunos ‘líderes’ exijan que se contrate con ellos la prestación de bienes y servicios a precios por encima del mercado. Aquí no juega la ley de la oferta y la demanda”, indicó un ingeniero de una de las más importantes petroleras que operan en el país.

Con tal de que no les bloqueen los proyectos –con quejas ambientales o laborales–, hay empresas que pagan salarios absurdos. Según cifras que maneja el Gobierno, los hombres que dan el paso en las vías en construcción, conocidos como paleteros, puede ganar dos millones y medio de pesos. Y mover un taladro de exploración puede costar 700 millones de pesos, el doble del valor comercial.

“Por eso, las fundaciones o juntas de acción comunal tienen más poder que los alcaldes”, le aseguró a este diario el mandatario de uno de los municipios petroleros más ricos del Meta.

“Estamos preocupados”

EL TIEMPO le consultó el tema al ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, quien admitió que ha sido difícil que el programa de empleo del Gobierno entre a 28 zonas petroleras y que hay preocupación.

“Hay rumores y mucho ruido. No puedo hacer acusaciones, pero tampoco debo pasar de agache. Los paros en mi época eran por lograr la construcción de una carretera o una obra. Ahora, sin entrar a satanizar, se pelea es por el control de una fundación, y eso nos ha generado muchas dudas”, dijo el ministro Garzón.

Y agregó que no se atreve a señalar si hay paramilitares o guerrilla detrás de este fenómeno: “Estamos recibiendo valoraciones de parlamentarios, de políticos y de poderes locales”, dijo.

Por ahora, Luis Ernesto Gómez, director del Servicio de empleo del Gobierno, advirtió que solo la junta de Edith Santos tenía permiso para actuar como bolsa de empleo, pero le falta la orden de operación.

Si empresas están recibiendo hojas de vida a esas organizaciones, están violando la ley”, dijo Gómez.

El día que la mataron tenía cita con el Gobierno

El 29 de agosto, Edith Santos tenía una cita en las oficinas de Bogotá del Servicio Público de Empleo para conocer los requisitos y estándares que su asociación Cjair debe cumplir para entrar a operar como intermediaria oficial de empleo.

Santos estaba alistando los documentos para viajar a Bogotá, cuando dos sicarios en moto la sorprendieron en su oficina, ubicada en el centro comunal de Acacías, y la asesinaron. Los investigadores del caso tienen varias pistas sobre el crimen. Pero la versión más fuerte indica que Santos era blanco de presiones por parte de una empresa contratista que controla desde prisión un jefe paramilitar de los Llanos. De hecho, varios de sus compañeros han recibido amenazas.

El alcalde de Acacías, Arsenio Vargas, está ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos, por datos que permita capturar a los autores intelectuales y materiales de este hecho. Ya se tiene un retrato hablado de uno de los sicarios. En febrero, Edith Santos ya había sido noticia por su participación en las protestas en las que la comunidad de la zona petrolera de Acacías le reclamaba derechos laborales y ambientales a Ecopetrol.