El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado visitó ayer Villavicencio para presidir la mesa de trabajo ‘100 y más advertencias para una exitosa administración territorial’ ante las autoridades y ciudadanos de los departamentos de Meta, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés.

Preguntado por periodistas sobre el paro agrario que persiste en el país y que ha generado graves problemáticas en diferentes zonas, el procurador general hizo un llamado para que el Gobierno Nacional despliegue las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito por las vías, sin que ello signifique vulneración alguna a los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente.

“Lo inadmisible es que se permita la obstrucción de las vías de acceso a las diferentes ciudades del país, ello ya está afectando sustancialmente los derechos de los ciudadanos y es necesario que la autoridad tenga, con ponderación y equilibrio, la decisión de hacer respetar el interés general. Ello no puede afectar el derecho a la protesta que tienen los ciudadanos, pero el derecho a la protesta no puede afectar los derechos de los otros ciudadanos. El Gobierno debe actuar con prontitud, con ponderación pero con fortaleza”, explicó.

El jefe del Ministerio Público reveló que la Procuraduría adelantará mesas de trabajo con los líderes de la protesta para hacer la necesaria evaluación de los incumplimientos estatales y las estrategias de solución a las problemáticas generadas por ellos.

“La Procuraduría se reunirá en los próximos días con los dirigentes de las dignidades agropecuarias y otros sectores campesinos que celebraron acuerdos con el Gobierno Nacional hace más de un año, y que también están preocupados por los niveles de incumplimiento del Gobierno en esa materia”, concluyó.

Proceso de Paz

“El blindaje del proceso de paz es un blindaje uno y con un ‘caucherazo’ democrático se rompe”, advirtió hoy desde Villavicencio (Meta) el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien nuevamente analizó los riesgos de conceder poder constitucional automático a un eventual acuerdo final entre Gobierno y guerrilla de las FARC en La Habana, lo que significaría violentar el ordenamiento jurídico, la voluntad popular, el Congreso de la República y la propia Constitución colombiana.

“Los colombianos no pueden permitir que lo que se está acordando en La Habana se convierta en norma constitucional. Si ello llegara a suceder, tendrá que pensarse en lograr revisar lo acordado, utilizando los instrumentos que nos confiere la Constitución”, manifestó.

En declaraciones ofrecidas en desarrollo de la presentación de la estrategia preventiva ‘100 y más advertencias para una exitosa administración territorial’, el jefe del órgano de control se pronunció sobre la solicitud de la ONG Human Rights Watch, que sin competencia alguna o conocimiento real del proceso, solicitó “archivar” la investigación disciplinaria que la Procuraduría adelanta al senador Iván Cepeda.

“Son inadmisibles las apreciaciones y la Procuraduría no tiene ningún interés en darles algún trámite, puesto que ello implicaría una escandalosa interferencia en nuestra institucionalidad. La Procuraduría, en ese y en todos los procesos, actúa fundándose en la Ley, en el debido proceso, en el derecho a la defensa y en las realidades probatorias. Tomará la decisión fundada en ello”, precisó.