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Unidad de Restitución de Tierras radicó medida cautelar para proteger asentamiento indígena en Puerto Gaitán

miguelangelok | Meta | | comentarios: 0

 Ante el inminente riesgo de afectación territorial que afrontan los 220 integrantes del pueblo Cubeo- Sikuani, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) solicitó que se ordenen acciones eficaces y oportunas para proteger a esta comunidad ubicada en la inspección de El Porvenir en Puerto Gaitán, Meta.

La solicitud está enfocada a garantizar la seguridad personal y colectiva de este pueblo, la autonomía y gobierno propio y el establecimiento de medidas de prevención del reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes, entre otras situaciones que vulneran los derechos de esta comunidad ancestral.

La medida cautelar se radicó electrónicamente ante un Juzgado Especializado en Restitución de Tierras del Circuito de Villavicencio y las pretensiones están dirigidas a entidades como: la Unidad Nacional de Protección (UNP), Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación y Unidad de Víctimas.

El fin es lograr en un plazo perentorio un fallo en que se realice una valoración del riesgo y establezcan medidas de protección individuales y colectivas en favor de los miembros, líderes y autoridades de la parcialidad indígena “Aseinpome”. También la implementación de medidas de atención y asistencia humanitaria para las familias que se encuentran en situación de desplazamiento, confinados y en riesgo de destierro.

Además, se busca que la autoridad judicial ordene la implementación de un plan dirigido a garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos territoriales se encaminen a fomentar la prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. Promover procesos formativos de emprendimiento, se diseñen e implementen proyectos productivos comunitarios y asociativos, con enfoque diferencial étnico, que conlleven a fortalecer la seguridad alimentaria y a generar ingresos propios.

Se busca que los organismos de seguridad del Estado adelanten las investigaciones sobre homicidios, amenazas y delitos contra la libertad sexual de esta comunidad indígena.



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