Para la Senadora Maritza Martínez Aristizábal la decisión de Pacific Rubiales de acatar el fallo del Tribunal de Arbitramiento que le dio la razón a Ecopetrol en la controversia surgida por la explotación del campo Quifa, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), luego de varios pronunciamientos públicos en los que negaba a hacerlo, es evidencia de la gestión que cumple el Congreso de la República en favor de los intereses del país y evita un largo proceso judicial.

Como se recuerda, el Laudo Arbitral reconoció que Ecopetrol tenía la razón en su interpretación de la llamada “cláusula de precios altos” del contrato de Asociación Quifa que establece que al llegar la producción a cinco (5) millones de barriles de petróleo y el precio superara los U$40 WTI la canadiense debía entregarle a Ecopetrol una porción adicional de la producción total del campo, cota que se cumplió en abril de 2011. Según Ecopetrol a 31 de Marzo de 2013 el saldo a su favor alcanza una suma cercana a $700 mil millones.

“Seguiremos ejerciendo riguroso control y seguimiento a las políticas petroleras del país y al desempeño de quienes explotan nuestros recursos naturales pues no podemos seguir permitiendo que ninguna empresa haga caso omiso a los fallos de los tribunales colombianos, ni intente acudir a maniobras jurídicas encaminadas a eludir las obligaciones contractuales”, puntualizó la Senadora.