Por: Oscar Vanegas Angarita*

Es el colmo que a raíz de las denuncias hechas ante la Contraloría General de la República por parte de la Unión Sindical Obrera – USO- y lo escrito por mí en columnas anteriores, sobre las mentiras de Pacific Rubiales Energy, respecto al fracasado proyecto STAR de Combustión In Situ, esta compañía haya tomado medidas represivas y violatorias de muchos derechos de sus trabajadores.

Por ejemplo, Pacific prohibió el uso de teléfonos celulares dentro de las instalaciones del proyecto piloto, prohibió la toma de fotografías, puso cámaras para vigilar los movimientos de los funcionarios y prohibió el acceso o visita de personas ajenas al proyecto, incluidos los familiares de los funcionarios. Esto es lo más parecido a una cárcel, o incluso peor, pues tengo entendido que desde las cárceles hacen las llamadas millonarias y extorsivas, y los presos pueden hacer llamadas telefónicas a familiares y amigos, y tener visitas conyugales.

Cuentan que Pacific envió a descanso por siete días a sus funcionarios, con el fin de “investigar” cómo y por qué medio salió la información de vídeos y fotografías que están en poder de la Contraloría. Quién sabe qué otras medidas represivas y castigos pueden venir, simplemente porque hubo unos funcionarios que aún tienen amor de patria y se atrevieron a denunciar o darle a conocer la realidad de dicho proyecto, el cual quería utilizar la multinacional para lograr la extensión de los contratos de Rubiales y Pirirí.

Por otro lado, las comunidades de la zona de influencia del contrato CPE-6, al suroeste de Rubiales, se quejan por la falta de concertación entre la empresa y los lugareños para definir los proyectos de responsabilidad social a los que está obligada. No ha querido contratar mano de obra local en la proporción justa y a los pocos que ha contratado, les está pagando jornadas de 12 horas diarias, pero deben trabajar 16; además, con una remuneración injusta. Y ni se diga de los impactos ambientales, accidentes y demás atropellos de los que la comunidad y la región han sido objeto.

No me explico cómo las autoridades ambientales como la ANLA han expedido licencias a partir de estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental supuestamente maquillados; pues hay testimonios de ingenieros ambientales, quienes manifiestan que trabajaron haciendo los estudios, pero que fueron presionados y manipulados para que los informes finales fueran ajustados a escenarios ideales, fuera de la realidad de los graves impactos que el proyecto genera.

Es triste que el país se quede mudo ante tantos atropellos de Pacific, y nadie vigile lo que está pasando en el bloque CPE-6, donde se estiman reservas superiores a las de Rubiales, Pirirí y Quifa juntos. Contrato de concesión que la ANH otorgó, donde la participación para el país en la producción, no supera el 2 por ciento. ¿Serán justos tantos desmanes y atropellos a cambio de casi nada? Sí eso no es saqueo de nuestros recursos naturales, ¿cómo se le llama? La culpa es del gobierno de Uribe Vélez, de quien heredamos la política petrolera actual, que Santos y su ministro de Minas liberal samperista no se han querido atreverse a corregir. Esperen en las próximas columnas un análisis de dicha política, para que concluyan si ha sido exitosa o nefasta.

*Ing. de Petróleos. Presidente del Orseme.