Por Leonardo Puentes*

El Alcalde de Bogotá quedará por fuera de su cargo en los próximos días, salvo que la comisión interamericana de derechos humanos imponga una medida cautelar suspendiendo la destitución del Procurador. Le imputan al alcalde violación de la ley en el decreto que implementó el programa ‘Basura Cero’, errores de planeación, violación de la libertad de competencia y haber puesto en riesgo la salud de los Bogotanos.

EL Consejo de Estado acaba de decir que no procede la imposición de una medida cautelar contra la decisión del procurador por la vía de la acción de tutela, argumentando que el Alcalde tiene otro medio de defensa judicial, la acción de nulidad, que tendría los mismos efectos, es decir la suspensión de la medida, pero solo aplica cuando el alcalde esté fuera del cargo. En otras palabras: La suerte de Petro está echada.

La decisión del Consejo de Estado, que esta vez operó con la celeridad que tanto añoramos de nuestra justicia, prueba de manera inequívoca que el Alcalde no tiene garantías dentro de nuestro sistema judicial: La fiscalía ha dicho que el decreto ‘basura cero’ fue ajustado a la legalidad y archivó el caso; El juez de Primera instancia que conoció la demanda del decreto de basuras determinó que no es ilegal; El peritazgo judicial sobre la contaminación de la ciudad por los tres días de basura concluyó que no tenía fundamento objetivo alguno y todos los analistas políticos han concluido que la libertad de competencia no opera cuando de servicios públicos se trata y que la implementación de una u otra política pública no es materia disciplinable.

No obstante el Concejo de estado, contrariando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha dicho en múltiples ocasiones que el otro medio de defensa judicial debe ser eficaz para evitar un perjuicio irremediable, decidió negar la tutela con una argucia jurídica, con lo cual dejó a Petro a expensas de un milagro de la Comisión Interamericana de derechos humanos.

El asunto no es si se está o no de acuerdo con la Administración Petro. Es si la justicia en Colombia goza de independencia respecto de las otras ramas del poder público, si actúa con el mismo rasero en todos los casos, si las fuerzas opositoras tienen garantías y si opera de manera oportuna y eficaz como soporte esencial del sistema democrático.

El caso de Bogotá está abismalmente distante del de Yopal: Aquí a pesar de más de mil días sin agua potable, de una epidemia en salud pudo costarle la vida a varios menores, de multiplicidad de escándalos por malos manejos, negligencia probada y errores de planeación NO HAY MÁS QUE EVASIVAS DE LA JUSTICIA, LÁNGUIDOS PRONUNCIAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES Y ANUNCIOS DE EXHAUSTIVAS INVESTIGACIONES contra el Alcalde y otros responsables por la crisis del Agua.

Mientras tanto, los yopaleños contemplamos exhaustos el abismo de la justicia y nos preparamos para ver el de las albercas vacías de nuestras casas con la llegada del invierno.

*Concejal de Yopal