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A medida que pasan los días, retorna de manera paulatina la normalidad a las instalaciones de Pacific Rubiales, tras los intensos disturbios de la semana pasada. Los terrenos de la compañía fueron escenario de duros enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, que obligaron a la suspensión del bombeo de crudo en un área en donde Ecopetrol es el socio mayoritario y la cual aporta cerca de una cuarta parte de la producción del país.

El motivo de las protestas fue la demanda de mejores condiciones laborales. Según lo han denunciado los representantes de los trabajadores, existen abusos que deben ser controlados y peticiones que merecen ser escuchadas. En respuesta, las empresas involucradas sostienen que hay un pleno respeto a la legislación y que se encuentran en marcha mecanismos de conversación directa que deben llegar pronto a resultados, tanto en lo que hace a las quejas del personal, como a las solicitudes de la comunidad y las aspiraciones de las autoridades locales y regionales.

Hasta ahí el tema no pasaría de ser un caso complejo, pero aislado. Sin embargo, una mirada más amplia denota que, en diferentes puntos de la geografía, se han presentado episodios que hacen prever más tormentas en el camino de la explotación de los recursos naturales. Y es que, aparte de lo sucedido en jurisdicción de Puerto Gaitán (Meta), en donde está el Campo Rubiales, también han tenido lugar manifestaciones en Paz de Ariporo y Aguazul (Casanare), Purificación (Tolima), Barranca de Upía (Meta) y Villa Garzón (Huila).

Las protestas reflejan múltiples demandas. De un lado, peticiones de poblaciones que durante años han sido olvidadas por el Estado y ven la oportunidad de lograr vías, hospitales, escuelas y empleos, ante la llegada de las petroleras. Del otro, están quienes quieren pescar en río revuelto, incluyendo la clase política, que ve con avidez la posibilidad de quedarse con una parte de la bonanza, o los movimientos sindicales, que encuentran la ocasión de crecer en un país en el cual el grado de afiliación es bajo.

Esa, por ejemplo, es la aspiración de la Unión Sindical Obrera, que después de agremiar ante todo a los trabajadores de Ecopetrol busca nuevos adeptos con la promesa de que les conseguirá los mismos beneficios de los empleados de la petrolera estatal. Por tal motivo, los representantes de la USO han tratado de erigirse en interlocutores legítimos, aunque la pregunta es si lo han hecho apelando a tácticas que pueden llegar a ser extremas. Así, sus críticos los acusan de estar detrás de los encapuchados y las intimidaciones que han sido documentadas en los municipios mencionados, a los que el sindicato responde reafirmando su rechazo a la violencia, tal como lo hizo ayer en este diario.

Ante la evidencia de que las cosas no van por buen camino, es preocupante la debilidad institucional para tratar asuntos que deberían ser de la primera importancia, a la luz de las posibilidades que acompañan a la locomotora minera. Por tal motivo, es necesaria una respuesta estatal mucho más contundente, tanto para investigar los eventuales abusos, como para evitar un empeoramiento de la situación. Ello quiere decir que el Gobierno debe decir si ha tenido lugar o no una violación de los derechos laborales, y que a la Fiscalía le corresponde moverse para castigar a los instigadores del vandalismo.

demás, el Ejecutivo tiene que ser coherente y hablar con una sola voz, ya sea para mediar, garantizar el cumplimiento de los acuerdos o combatir la desinformación. De lo contrario, el auge petrolero estará en veremos, al igual que el clima social en un país en el cual el nivel de las protestas empieza a intensificarse.