Por Oscar Medina Gómez *

Millones de cándidos ciudadanos creen que ahora, con la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria de la Salud 1751, (LES), sancionada por Juan Manuel Santos Calderón desde febrero de 2015, la atención en salud será color de rosa. Que esas melodramáticas y fúnebres escenas de lo que los medios sensacionalistas llaman popularmente “paseos de la muerte” serán, en adelante, historia patria. ¡Esos millones de ingenuos creyentes seguirán pisoteados, humillados y muriéndose por un perverso sistema de salud corrupto, creado por corruptos!

Atronadores titulares en radio, prensa, televisión, medios electrónicos y mil vocinglerías más bufonean que “arranca nueva era de la salud”, “gozamos de buena salud”, “la salud llegará a todos”, “salud: terminaron las penurias”. ¡Pamplinas! ¡Meros aspavientos!

Es que eso de declarar la atención efectiva y eficaz en salud pública como un derecho fundamental de cualquier ser humano, y que todos podemos acceder a sus servicios sin que nos reparen en la billetera, la condición sexual, el color de la piel, la región de origen, el nivel educativo, por ejemplo, es un asunto de elemental sentido común. De principios y derechos vitales, esenciales de cualquier persona. No es nada nuevo y fantástico como lo quiere hacer ver la LES.

En esa línea, nunca debió existir el famoso y excluyente Plan Obligatorio de Salud, POS, que humillaba a la gente con un listado de beneficios y medicinas, y clasificaba a los individuos en algo así como miserables y pobres. Donde los primeros -por cuenta del Régimen subsidiado que les evitaba pagar una cuota de atención- se arrodillaban y tiraban al piso para que les dieran una pastilla de acetaminofén, no obstante llegar con las tripas al aire. Y los segundos, luego de pagar unos pesos, tenían que hacer lo mismo. Lo remarco: con la ahora vigente Ley Estatutaria de la Salud, van a tener que seguir humillándose y muriéndose en centros de salud, hospitales y clínicas públicas y privadas. ¡Nada va a cambiar! ¡Todo va a empeorar!

Así será porque el mal mayor del podrido servicio de salud que tenemos los colombianos –como de todo el aparato estatal y sus contratistas - se llama corrupción.
La Ley 100 de 1993, ha sido un categórico fracaso. Promulgada también con bombos, platillos y luces multicolores, es un incuestionable ejemplo de un modelo para armar, ser corrupto y volverse multimillonario. Un negocio particular de políticos, gobernantes y, por supuesto contratistas, que los hizo más ricos y poderosos.

Botones de muestra: las EPS (Entidades Promotoras de Salud) Saludcoop, Cafesalud, Caprecom, Humana Vivir, Salud Total, Comcaja, Selvasalud, Saludcondor, Capresoca, Unimed, y cien más.

A manera de pago por compromisos adquiridos en campañas políticas, gobiernos sucesivos entregaron burocráticamente las EPS a políticos avezados en robarse el país. ¿Quién pone en duda que senadores, representantes a la cámara, alcaldes y gobernadores, son los que manipulan esos presupuestos?

En la mayoría de ellas la Contraloría y la Fiscalía encontraron delitos y graves faltas como cobros fantasmas (recobros) al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantías), negligencia y pésimos procedimientos en la prestación de servicios de cirugías y tratamientos especializados, meses y años de demora para que un médico especialista atienda a un paciente, sobrefacturación en servicios y medicamentos, negativa a entregar drogas así estén incluidas en el POS y deudas multimillonarias con hospitales públicos y prestadores de servicios.

Y los gobiernos, indiferentes e insensibles -y hasta cómplices- mirando el festín de los corruptos sin tomar ejemplares medidas sancionatorias. Pusilánimes para trabajar en equipo con los organismos de control –como la Superintendencia de Salud- para meter a la cárcel a famosos perfumados delincuentes como, por ejemplo, Carlos Gustavo Palacino, todopoderoso amo y señor de la anterior Saludcoop, entidad quebrada que ahora se llama Cafesalud. Este bandido corrupto sigue riéndose de los colombianos, mientras bebe wisky y nada en las piscinas de sus villas, fincas y palacios. Le sigue mamando gallo a la justicia.

Podrán crear leyes angelicales y bien intencionadas a montón. Pero mientras no haya una voluntad férrea e inquebrantable de combatirla, la corrupción seguirá cabalgando sobre la salud, tranquila y sin afán. Hay que eliminar y corregir aspectos cancerígenos como el desvío de los recursos públicos que gira el gobierno central a las regiones; suprimir los excesivos intermediarios; ponerle el ojo al jugoso negocio de los recobros; hacer ágiles los pasos para que atiendan a un ciudadano; disponer de suficientes citas, médicos especialistas y medicamentos costosos y difíciles de encontrar; depurar el podrido SISBEN -donde hay millones de colados que no necesitan ese servicio, quitándole la posibilidad a los que sí lo requieren.

Y –esto es clave- despolitizar la salud. No darla en concesión a los gobernantes y politiqueros depredadores de lo público. Así, citemos un beneficio, se evitaría que gobernadores y alcaldes nombren a su antojo e intereses a los gerentes de hospitales públicos regionales.

La Ley Estatutaria de la Salud empezó a andar. Paralela, seguirá la marcha mortuoria de centenares de niños no solo en la Guajira sino en Chocó, Cauca, Córdoba, Casanare, Putumayo. En esas y muchas más regiones, por física inanición y falta de atención estatal, continuará la vergüenza. Digo yo.

*Periodista