Por: Oscar Medina Gómez

Lejos están hoy los postulados y nobles propósitos que animaron al presidente Carlos Lleras Restrepo a crear en 1968 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aquello de integrar en una sola entidad una política social, superar las deficiencias nutricionales de los niños pobres y miserables, recuperar la integración y estabilidad familiar, proteger a la niñez abandonada, brindar un hogar decente y honesto a miles de niños en desamparo, rescatar y fortalecer los valores humanos, son meros conceptos que se quedaron en los escritorios de los directores nacionales, regionales y zonales del ICBF.

El reciente escándalo de negligencia administrativa y corrupción -denunciado por El Nuevo Oriente- en la regional Casanare es otro más dentro de los muchos que esa entidad ha protagonizado siempre en todo el país. En Sucre hace apenas dos meses salieron las directoras regionales Lesvia Montalvo y Olga . Las dos funcionarias eran cuotas políticas de los senadores - Antonio Guerra de la Espriella y Eduardo Carlos Merlano. El mismo que conduciendo borracho y sin licencia, se negó groseramente en Barranquilla a un requerimiento policial, aduciendo su condición de “honorable”. Bueno. Es hermano del parapolitico condenado Jairo Merlano.

Cesar Lozano, Director del ICBF seccional Chocó, renunció al día siguiente de que RCN Radio denunciara que esa entidad estatal no atiende la hambruna de los niños del Alto Baudó. También lo tumbó la dudosa contratación por 750 millones de pesos, para apenas los estudios de la Casa del menor infractor.

Aduciendo razones personales Alba Cecilia Chamorro se fue de la dirección en Nariño. Pero vox populi es que allí -como en la casi totalidad de las regionales- el tráfico de bienestarina es pan de todos los días. Como si fuera pasta de coca. Los políticos la entregan a su antojo a los más pobres. Pero no por piadosos y almas caritativas. Sino por corruptos. A cambio de votos.

En noviembre pasado, en un huracán de críticas por posibles hechos de corrupción, irregularidades en adopción de menores y favorecimiento a contratistas, Elvira Forero -la mandamás nacional del ICBF desde 2006, que manipuló anualmente la astronómica cifra de cuatro billones de pesos- se vio obligada a renunciar. Ángela María Robledo, Representante a la Cámara por el Partido Verde, dijo de ella que “convirtió el Instituto en un monstruo que se alimenta de contratar, firmando convenios con empresas ya liquidadas”. No en vano la Procuraduría y la Contraloría calificaron el desempeño de doña Elvira como “desfavorable e ineficiente”. A Forero la reemplazó Diego Molano, un niño bonito perfumadito que no fue capaz de dirigir Familias en Acción.

Por ende lo de la regional Casanare no debe sorprendernos. Luego de escuchar las declaraciones radiales de Wilmar Arturo Silva Mesa -contratista del ICBF encargado de los pagos a las madres sustitutas, previo diligenciamiento de unas planillas oficiales- a uno le queda la sensación de que el hombre sabe más de lo que ha dicho. Que hay otros y otras metidas en ese tumbe.

“Actué por ser leal, respetuoso, por cumplir órdenes…No soy el autor de esta doble contabilidad…Esto se ha venido haciendo y dando desde hace tiempo en el ICBF…Ellas se están cuidando de lo que hablan del tema…Ellas están desviando las cosas…Les he reclamado que me quieran hacer ver como un hampón…La directora sabe del procedimiento…” . Estas son frases de Silva Mesa -hoy desvinculado de la institución- en una entrevista radial al Noticiero Regional de RCN La Voz de Yopal el pasado martes 22 de mayo. Hablaba como cuando alguien tiene la seguridad de no hundirse solo.

La historia del desfalco del que se le acusa -que sumaría más de 200 millones de pesos- por diligenciar y reportar planillas infladas, consignar los dineros en cuentas de madres sustitutas y luego cobrar a ellas en efectivo la plata sobrante -producto de niños fantasmas o entregados en adopción- hasta ahora comienza a saberse. Una historia que podría enredar a varios funcionarios del Instituto no solo en la zonal de Yopal, sino de municipios como Paz de Ariporo y Aguazul. Lo más descarado -y no duden que así será- es que finalmente las “exhaustivas investigaciones” de la Procuraduría y la Fiscalía condenen apenas a unas cuantas mamás de estrato cero, que posiblemente con engaños fueron llevadas a cometer complicidad delictual. Y los culpables reales en sus cargos y muertos de la risa.

Por su bien y el de la empresa social que representan Blanca Cecilia Eslava, actual directora del ICBF Casanare y Aleyda Gutiérrez, Coordinadora de la zonal Casanare están en la obligación ética y moral de poner la cara y dar una explicación pública de lo que realmente ocurrió. Eslava apenas ha dicho que a la entidad que dirige le faltó control, seguimiento y actuación oportuna. Estimada directora: a mí eso no me convence. Gutiérrez pudo haber incurrido en negligencia administrativa, porque desestimó las denuncias de varias madres sustitutas, advirtiendo del posible torcido que estaba ocurriendo.

Y esto, infiero yo, es apenas la puntica del iceberg de lo que pueda estar ocurriendo no solo en el ICBF, sino en la mayoría de organismos descentralizados del orden nacional. Lo dije hace un par de columnas. En Casanare esas entidades son manejadas y manoseadas a su antojo y sin pena, por políticos -blancos, negros e indígenas- que se creen los dueños de lo público. Con derechos a decidir sobre el destino y bienestar de miles de ciudadanos. Olvidándose que fue la gente, el pueblo, quien pendeja y estúpidamente los eligió en los cargos que ostentan. Digo yo.

**Periodista - Especialista en Gobierno Municipal y Gestión Pública. Pontificia Universidad Javeriana - Columnista El Nuevo Oriente y