Por: Oscar Medina Gómez **

Indudablemente el objetivo que anima a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, es positivo, sano. En bien de la salud y seguridad de los capitalinos. No obstante se equivoca otra vez el ex guerrillero del M-19. Al lanzar así, sin ningún sustento técnico y científico, a quemarropa, de un solo fogonazo, su propuesta de construir centros de atención para que los drogadictos consuman su vicio -que serían controlados, administrados y vigilados por el distrito- no solo ha despertado muchas dudas sobre su viabilidad, sino que también le ha dado alas a los más recalcitrantes y obsoletos personajes públicos -enemigos de la razón- para que se despachen en epítetos, discursos y leyes en contra de la propuesta. Caso del godo Procurador General Alejandro Ordoñez Maldonado, quien de manera descortés y ofensiva dijo que “el alcalde se la fumó verde”.

Digo otra vez porque tenemos aun frescas dictatoriales medidas como impedir la fiesta taurina en la Santamaría, -amenaza que finalmente cumplió-, construir un arcaico tren ligero de pasajeros para una ciudad de 8 millones de personas, fusionar en un “holding” empresarial el agua, la luz y las telecomunicaciones -EAAB, EEB y ETB-, impedir la continuidad de la Autopista Longitudinal de Occidente, ALO, y crear un impuesto-sanción para los conductores que generen caos vehicular. Todas salidas de la fantasiosa y endiosada mente del alcalde.

Debo, claro, reconocer que en su megalómana administración Petro ha hecho cosas positivas. Una la del desarme ciudadano. Le ha funcionado. De acuerdo con organismos como la policía y el Instituto de Medicina Legal, los índices de asesinatos, atracos y otros delitos cometidos con armas de fuego y corto punzantes han caído en promedio un 12 por ciento, porcentaje moderado pero clave para la tranquilidad de la gente.

Otra cosa buena, pero que amerita tomarla con pinzas, desmenuzarla, analizarla, examinarla y discutirla seriamente a fondo en todas las instancias y con todos los actores que más se pueda, es la de poner a funcionar centros para el consumo de drogas y sustancias alucinógenas, cuya clientela vigilada serian, obviamente, los drogadictos y viciosos bogotanos.

Petro es intrépido y arrojado. Repito, movido por su honesto y legitimo deseo de darle a los bogotanos un diario vivir más seguro y saludable- se atrevió a proponer esta audaz iniciativa. Y ha sido tan de hondo calado y largo alcance que de inmediato abrió el debate. Puso a hablar al presidente, al fiscal, al procurador, a los ministros, a los obispos católicos, a la comunidad médica, a las fuerzas militares, a los académicos, a los grandes cacaos de la economía, ciudadanos de a pie. Posiblemente esa era la intención del alcalde. Asì no se lleve a cabo su propuesta, por lo menos le ha dado un viento refrescante a su alicaída imagen como gobernante.

Aduce el alcalde que con esos Centros de Atención Medica para Adictos a las Drogas, CAMAD, -así los ha llamado- se atacaría frontalmente las ollas y lupanares de venta y distribución al menudeo de estupefacientes, porque los drogadictos ya no acudirían masivamente a esos lugares a comprar el vicio y empeñar hasta el apellido para conseguirlo. Y de paso se les rehabilitaría con la asistencia de médicos, enfermeros, sicólogos y siquiatras.

Tiene y no tiene razón: no todos los viciosos acudirían a los centros para el consumo controlado de drogas. Primero porque sencillamente en Bogotá son miles. Por consiguiente tendrían que ponerse a funcionar muchos de esos lugares. Segundo porque de esos miles de viciosos a muchos no les interesa en lo más mínimo que los controlen y rehabiliten. Esos desdichados viven sumidos hasta que mueran en su desgraciado e infernal mundo de humo venenoso. El resto no les importa. Y punto. Y tercero porque centenares de drogadictos no necesitan ir hasta las ollas a comprar el veneno. Lo piden a domicilio.

Apoyo el anuncio del alcalde. Pero toca madurarlo. Mirar si es legalmente posible y se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico. O que tocaría hacer para ponerlo a andar. Por ejemplo conocer detalladamente los resultados que los mismos han tenido en ciudades como Canadá, Suiza, Holanda, España, Dinamarca, Alemania, Australia y algunos estados de los Estados Unidos, donde esta iniciativa se viene desarrollando hace años. Allí, en espacios cerrados para el consumo, diariamente acuden decenas de hombres y mujeres a meter cocaína, heroína, hachís, marihuana, crack, etc. Obviamente se deben someter a rigurosos controles y supervisión médica para su eventual rehabilitación.

Está claro que la drogadicción no se va a acabar. Y que combatirla por medio de la represión y las armas no ha dado los resultados esperados. Así está demostrado en estas varias décadas que gobiernos de muchos países lo han hecho -invirtiendo miles de millones de dólares y con miles de muertos en el camino- con resultados apenas halagadores. Los plantíos de coca y marihuana aumentan y los narcotraficantes siguen vivitos en ese negocio fabuloso.

En pleno siglo 21 a la drogadicción hay que mirarla como un asunto de salud pública. No como un problema meramente delincuencial. Lo segundo es consecuencia de lo primero. Hay que prevenir y curar para no tener que lamentar. Y, seguro, de Petro vendrán más propuestas. Unas imbéciles. Otras no tanto. Digo yo.

** Periodista - Especialista en Gobierno Municipal y Gestión Pública
Pontificia Universidad Javeriana