Por Frank Pearl*

Colombia está en un punto de inflexión en su política energética. El debate sobre el futuro del petróleo, el gas y la transición hacia energías renovables está más activo que nunca, pero con frecuencia se aborda desde posturas apresuradas o desconectadas de los datos. El verdadero reto no es escoger entre fósiles o renovables, sino construir una hoja de ruta técnica, coherente y realista que garantice energía segura, asequible y sostenible para todos.

Entre 2022 y 2024, se estima que el sector de petróleo, gas y combustibles líquidos aportó cerca de $170 billones, entre 20% y 32% de los ingresos corrientes del Gobierno. En 2024, el petróleo y sus derivados representaron el 30% de las exportaciones y más del 16% de la inversión extranjera directa. Solo en regalías se generaron más de 8,2 billones de pesos en 2024. Sin embargo, desde 2022 no se adjudican nuevos contratos de exploración, y según la ANH, las reservas probadas equivalen a 7,2 años de petróleo y 5,9 de gas.

Además, Colombia ya importa entre el 35% y 40% de la gasolina que consume, y en lo corrido de 2025 se han importado 170 millones de pies cúbicos de gas promedio, lo que equivale aproximadamente al 17% de la demanda nacional. Aunque es posible aumentar la producción optimizando los contratos vigentes, la tendencia exige decisiones estructurales.

Sabemos que en este Gobierno no se reactivará la exploración, pero eso no debe traducirse en pasividad. Este es el momento de preparar las condiciones para un futuro energético robusto, alineado con nuestras metas de sostenibilidad y desarrollo.

Dos acciones son urgentes:

Construir una política energética de Estado. Noruega ofrece una lección valiosa: allá se logró un consenso político sobre tres pilares —autonomía técnica, transparencia fiscal y visión de largo plazo— que permitió gestionar los recursos con responsabilidad. El resultado: un fondo soberano de más de 1,7 billones de euros y una matriz energética cada vez más limpia. Colombia debe definir su propio camino, e independientemente de quien gane las elecciones presidenciales en 2026, ir construyendo un consenso sobre la Transición Energética, con participación plural y capacidad de diseñar una hoja de ruta realista al 2050.

Planificar hoy el crecimiento del mañana. Aunque no se asignarán nuevos contratos en el corto plazo, es vital continuar actualizando las zonas con potencial, revisar los criterios técnicos y ambientales apropiados, y preparar un marco de consulta con comunidades que funcione. El gas natural debe ocupar un lugar estratégico como energético de transición. Para ello, es urgente optimizar los procesos de licenciamiento ambiental, y especialmente el de consulta previa, que requiere optimización y actualmente, en algunas regiones, es objeto de abusos; además de genera altos costos fiscales, económicos y sociales para todos los actores involucrados.

La experiencia internacional ofrece advertencias. En Argentina, durante el Kirchnerismo, se congelaron tarifas, se impusieron subsidios insostenibles y controles de precios. El resultado fue la salida de empresas, desinversión y pérdida de autosuficiencia energética. Solo con el regreso del enfoque técnico en Vaca Muerta comenzó la recuperación.

Aún en medio de la urgencia, podemos anticiparnos. El momento de actuar es ahora, con evidencia en la mano y visión de país.

 *Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP.