Por: Oscar Medina Gómez **

Tres nombres contiene una terna enviada al presidente Juan Manuel Santos Calderòn para que de ella elija a la persona que reemplazará a Nelson Mariño, gobernador de Casanare destituido e inhabilitado por la Procuraduría por irregularidades económicas en la contratación de los almuerzos escolares para los estudiantes casanareños.

Rubén Darío Higuera, ex gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal en los tiempos del alcalde Mariño; el coronel retirado Yerson Castellanos, actual gerente del Instituto Financiero de Casanare y Diana Pérez, hija de Beatriz Barón Caballero, ex-secretaria de gobierno durante la gobernación de Miguel Ángel Pérez Suarez.

Por muy honorables que se les vea, considero que ninguno de los tres reúne el requisito clave, básico, esencial para ser gobernador o gobernadora: independencia administrativa. Que no política. Porque los tres han sido seguidores y defensores de candidatos a alcaldías y gobernación. Quiero decir, ninguno tiene el perfil. De pronto la señora Pérez es la menos contaminada en ese campo. Pero lo está.

Para que el gobernador o gobernadora encargada del departamento -que ejercería mientras el Consejo Nacional Electoral y la Registradora Nacional se ponen de acuerdo y fijan la fecha de las elecciones, que deben ser al finalizar mayo próximo- se necesita, fundamentalmente, que ese funcionario no se deje mandar y manosear de cuanto secretario y asesor le hable al oído. O si no pregúntenle a Nelson Mariño. El -por hacerle caso a engreídos abogaditos sabelotodo- metió sus patitas, sus manitas, su cabecita y todo su cuerpecito al lodo. Por firmar cuanto papel y contrato le ponían sobre el escritorio terminó echado del cargo. De forma humillante y resonada ampliamente por la prensa nacional.

Me dicen que cuando aparezca publicada esta columna con seguridad el presidente Santos ya habrá decidido el reemplazo temporal. Es más: que de hecho ya eligió y firmó el respectivo decreto a favor de la señora Diana Pérez, dama desconocida en Casanare pero quien tiene en su haber y desempeño profesional un cargo como asesora de un consejero de la Presidencia. Más exactamente Francisco José Lloreda Mera, Alto Consejero Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. Supe, también, que por el justo paro cívico de los pasados 17 y 18 de marzo en protesta por la falta de agua potable en Yopal, el Ministro del Interior Fernando Carrillo Flórez aplazó hacer público ese nombramiento.

Salvo que no actuaría con independencia administrativa para disponer y ejecutar el presupuesto a su cargo -como lo dije arriba- no tengo nada contra la señora Pérez. Es más: tiene todo el derecho a prestar su nombre para ser nombrada gobernadora por encargo. Ella es dueña de sus actos. Pero debo decir -con respeto para mi fuente, a quien estimo profundamente- que discrepo de la información que me suministró. Un par de razones tengo:

Uno: Julieta Gómez, la actual gobernadora encargada, ha sido bien recibida por un amplio sector de la opinión pública. Aunque viene con órdenes explícitas de la presidencia -por ejemplo, parar toda la contratación y echar para atrás los contratos que más pueda- se la ve como una señora respetable, juiciosa, conocedora de la administración pública. Y empeñada en ponerle orden a la casa mientras esté al mando. Lo ha demostrado, por ejemplo, frente a la crisis de agua potable de Yopal, que estalló en un ruidoso paro ciudadano, donde ella ha estado poniéndole el pecho al asunto.

Al gobierno nacional -como es obvio- no le interesa ni le conviene cambiar su alfil principal en Casanare. Una escudera que con manos y pies obedece y pelea por quienes la pusieron en el cargo. Entre ellos el ex- ministro del Interior y hoy ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras. Por eso la posibilidad real de que doña Julieta se mantenga en el cargo y no se elija ningún nombre de la terna, mientras se realizan las elecciones populares, está ahí. Subyacente, velada. Por consiguiente es muy posible que se quede.

Dos: con excepción de uno, al resto de los candidatos que se disputarán la gobernación -Jorge Prieto, Alirio Guzmán, Jorge García, Arcadio Benítez, Oswaldo Cáceres- tampoco les interese que el actual statu quo reinante en la gobernación cambie de manos. Les interesa que siga Julieta Gómez. El uno de la salvedad es Marco Tulio Ruiz, a quien se lo tiene como el candidato del destituido Nelson Mariño. Y a los otros no les conviene alguien de la terna, porque temen que cualquiera que sea nombrado (a) va a estar al servicio de Mariño. ¿Con qué propósito? Para que engrase y ponga a funcionar la maquinaria política en los municipios, despejándole así el camino del triunfo a Ruiz.

Siga quien siga, gane quien gane, mientras no se tenga un o una gobernante -lo mismo va para los alcaldes- con menos ambición de enriquecerse, menos rosca y negociados por debajo de la mesa, menos despilfarro y amiguismo administrativo y, eso sí, más pasión por servir al pueblo e impulsar el desarrollo casanareño, las cosas no van a cambiar. Los 14 gobernadores que el departamento ha tenido en apenas 12 años lo comprueban. Digo yo.

**Columnista - Especialista en Gobierno Municipal y Gestión Pública Pontificia Universidad Javeriana