Por Leonardo Puentes*

El Gobierno de Yopal definitivamente parece no entender que “facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan” como lo dispone el artículo 2 de la constitución Política no solamente es un imperativo superior, sino una necesidad, si de lo que se trata es de hacer un gobierno que interprete las necesidades de su pueblo.

De un lado les exigimos con beligerancia (y con razón)a las compañías petroleras socialización y participación en la ejecución de sus proyectos, mientras que frente a las grandes decisiones de los gobiernos departamental y Municipal guardamos un extraño silencio que da lugar a muchas interpretaciones.

En ese orden de ideas y a pesar de que las encuestas indican que tenemos el peor Alcalde de Colombia, el gobierno sigue en su línea de conducta: imposición en lugar de concertación; improvisación en lugar de planeación; manipulación en lugar de socialización y oscuridad en lugar de publicidad. Entre otras decisiones de ese talante nos sorprendió con una cascada de impuestos aprovechando que apenas terminaba la borrachera y comenzaba el guayabo que trajeron las fiestas del 2012; Permitió duplicar la población carcelaria de Yopal sin inmutarse; impuso contra toda lógica y a costa del presunto detrimento patrimonial de la ciudad la construcción de los pozos profundos como solución a la problemática del agua;hoy nos tiene enfrascados, de espaldas a la ciudadanía y desconociendo el concepto de la propia policía, discutiendo el establecimiento de la Unidad permanente de Justicia (UPJ) en un centro de desarrollo residencial y promisorio corredor turístico de la ciudad.

En esta ocasión nos sorprende con un paquete de 6 proyectos presentados en el último minuto, dentro de los cuales estaba el de entregar a una sociedad de economía mixta la operación del matadero Municipal por un término de 30 años; hecho que por sí solo no tiene nada de irregular, pero que a juzgar por la forma como se aprobó, las ventajas excesivas y las desmesuradas facultades que se le otorgaron al Alcalde nos hacen encender nuevamente las alarmas. El estudio que dio lugar al proyecto no se publicitó ni socializó con las agremiaciones de ganaderos y por poco no lo podemos conocer ni los propios Concejales hasta el mismo día de su debate y aprobación; no se tuvieron en cuenta restriccionesde la Aerocivil; tampoco se hizo una sola exposición, foro o discusión pública de dicho documento, que soportó las determinaciones tomadas mientras los ganaderos disfrutaban de su encuentro anual en la Feria Ganadera de Yopal.

No apoyé este acuerdo porque creo que las decisiones públicas deben tomarse con pleno conocimiento de causa, de manera concertada, con total publicidad; y porque encuentro que los términos no corresponden a los estudios y ponen en peligro el patrimonio estatal. Lo aprobado no apunta a proteger el interés y los recursos públicos, sino la rentabilidad y estabilidad de los inversionistas privados. Solo espero que no sea otro de los malos negocios del Municipio y terminemos cediendo a “empresarios” privados en condiciones totalmente desventajosas activos y servicios del Estado. Esto equivaldría a poner nuevamente nuestros recursos públicos rumbo al matadero.

*Concejal de Yopal.