Por Rubiel Vargas Pinto*

La foto abajo demuestra cómo se está iniciando un nuevo Centro Poblado en Yopal, ya se ven vías internas de un proyecto urbanístico que no tiene aprobación por la autoridad competente, pues está ubicado en el suelo rural donde de acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, no es legal este tipo de desarrollos urbanísticos.

Así como éste proyecto, nació el sector de Llano Lindo hace más de 17 años. Potreros sin servicios públicos, sin vías estructurantes, sin equipamiento institucional, sin zonas verdes, sin licencias urbanísticas, sin permisos, sin planificación, y que sólo después de 17 años se pudo legalizar mediante el decreto nacional 564/2006 que permite “reconocer la existencia de un asentamiento humano constituido por viviendas de interés social realizado antes del 27 de junio de 2003”. Esto significa que asentamientos como éste que apenas inicia, no se podrán legalizar, pues no cumple el requisito de haberse constituido antes del año 2003.

Pero el problema no es solamente que no se pueda legalizar lo grave, es que se estaría incurriendo en un delito penal, que consagra el artículo 318 de la ley que expresa: “El que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veintiséis (126) meses y multa de hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”

Y aún más grave, es el costo que tiene que asumir el Estado en el proceso de llevar servicios públicos, escuela, puesto de salud, seguridad, vías, parques, etc, etc. Todo esto, como premio a un urbanizador ilegal que se lucró con la venta de lotes de 90 metros, en promedio 70 por hectárea a unos $ 15.000.000 por lote, es decir más de $ 1.000 millones que fácilmente se gana el urbanizador (por hectárea).

Por lo anterior, planteo las siguientes interrogantes, haber quién me puede ayudar a responder:

Dónde estará el control político del Concejo Municipal a los funcionarios encargados del control urbanístico?, y qué pasará con la actual Administración Municipal que permite el desarrollo de estos proyectos sin ningún control?, Que pasaría con las denuncias formales que se interpusieron a Fiscalía y entes de control?, Qué pasaría con el debate que iba a ejercer el Representante Abril en el Congreso sobre urbanizaciones ilegales?, sería que lo cambió por cuotas burocráticas en la administración Municipal?.

* MBA. Ingeniero, Esp. Gobierno y Gestión Pública