Un panorama desalentador para la población víctima del conflicto armado del departamento se evidenció en el desarrollo de la II sesión del Comité de Justicia Transicional. Los mandatarios locales siguen mostrando baja importancia en la atención a esta población aunque que la ley se los exige.

De acuerdo con las estadísticas entregadas por la Unidad para la Atención de víctimas, en Casanare a la fecha se tienen identificadas 27 mil víctimas, el mayor porcentaje se concentra en la capital del departamento al igual que en Aguazul, Monterrey y un grupo significativo en Tauramena y Orocué.

Sin embargo, Mojica Flórez expresó que el proyecto de caracterización que se adelanta en el departamento es sesgado, porque las victimas corresponden a una población flotante, por lo que es común que existan sub registros, “se puede hablar que en Casanare el número de víctimas puede ser superior al que maneja la Unidad de Atención”.

Agregó, que se hace necesario hacer un arqueo a las inversiones para revisar a cuánto ascienden los recursos y sin en realidad están llegando a las poblaciones que más lo requieren “hay poblaciones que llevan mucho tiempo esperando una ayuda y aún no la han recibido, habrá que revisar la cobertura”.

Durante este escenario que articula las acciones para la atención de esta población, se concluyó que los alcaldes presentan problemas en la interpretación y cumplimiento de la ley de víctimas (1448 de 2011), así como en la ejecución del Plan de Atención Territorial (PAT), “según los informes presentados es decepcionante que la mayoría de los jefes de gobierno municipal aún no se pongan al frente para la consolidación de la política de las víctimas, que permita afianzar el desarrollo de las mismas”, dijo Gladis León, Coordinadora de la mesa departamental de víctimas del departamento.

Así, la situación en la atención a las víctimas del conflicto es preocupante, los programas y proyectos que se están realizando alcanzan un impacto del 50% en la cobertura de la población, “son muchas las víctimas que tenemos, aunque ellos reciben con beneplácito los esfuerzos que se han adelantado se espera el apoyo en un 100%; se requiere mayor compromiso de los mandatarios para que asuman su responsabilidad, porque este tema no es un juego de niños, se trata de una situación real y latente, que requiere de la destinación de recursos”, puntualizó el Defensor Regional de Casanare, Mauricio Mojica Flórez.

Inversiones dudosas

Señaló el defensor del pueblo que, las inversiones presentadas en el informe entregado por cada municipio son poco aterrizadas, “administraciones como la de Chámeza asegure haber invertido $385 millones en atención a víctimas, así como La Salina más de $ 100 millones, cifras poco creíbles”.

Añadió, que cifras más cercanas a la realidad son las entregadas por el municipio de Aguazul donde se han destinado $21 millones para programas de atención a las víctimas.

Compromiso del ente departamental

Por su parte, el gobernador de Casanare, Marco tulio Ruíz Riaño calificó como positivas las inversiones que desde el ente departamental se han priorizado para la inclusión de la población víctima del conflicto.

“Hemos apoyado con soluciones de vivienda, ahora se tienen previstos varios proyectos de desarrollo agrícola, con los que se pretende apoyar a un buen número de víctimas”.

Ruíz hizo un llamado, al gobierno nacional para que aporte recursos a los entes municipales que permitan orientar inversiones para atender a un mayor número de población, “la nación expide las leyes, estas nos condicionan a cumplirlas pero no nos envía recursos”.

Inversiones que le deben apostar al desarrollo

La inversión social para la atención a las víctimas a corto plazo está encaminada a la prestación de servicios en salud, ayudas para acceder al derecho a la educación a su vez en apoyos de mejoramientos de vivienda.

Sin embargo, la población requiere de inversiones a largo plazo, “los proyectos productivos están empantanados y se hace necesario que estas iniciativas se desarrollen, porque nada sacamos con entregar mercados y garantías cuando no se están generando mecanismos que los lleven hacer auto sostenible”, dijo Mojica Flórez.