Con información de El País

La reforma a las regalías, considerada la gran esperanza económica de muchas regiones colombianas, por fin verá la luz.

Se dará así un manejo más equitativo y en favor de los departamentos y municipios más pobres, de los millonarios recursos que les pagan las compañías petroleras y mineras al Estado por explotar esos recursos no renovables (Según el Gobierno Nacional).

Y de paso se le dará un golpe a la corrupción y un freno a los escándalos que caracterizaron los malos manejos de esas cuantiosas partidas.

Fueron muchas las polémicas y críticas las que despertó esa iniciativa a lo largo de ocho debates en el Congreso de la República. Las regiones más favorecidas por esos dineros se aferraron con todo para que no les fueran reducidas sus partidas, pero al final cedieron.

Ahora sólo falta que quede aprobada la reglamentación de la ley sobre cómo funcionará la distribución de esos multimillonarios recursos.

Serán alrededor de $10 billones anuales en regalías los que entrarán a la caja registradora a partir del 2012 para ser distribuidos en proyectos regionales.

El martes de la próxima semana el reglamento de la reforma a las regalías entrará a su debate final en la plenaria de Senado y Cámara, tras lo cual el texto final pasará a conciliación.

Se espera que el presidente Juan Manuel Santos sancione la ley antes de que concluya el presente año, para que empiece a regir a partir del 2012.

“Se trata de una de las mayores conquistas de las regiones para atacar la pobreza, impulsar el desarrollo y la competitividad”, dice el senador Roy Barreras, uno de los ponentes de la iniciativa.

El Acto Legislativo que cambió el sistema para la distribución de las regalías fue aprobado a mediados de este año y sólo le faltaba el reglamento respectivo.

Aunque el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, afirma que “las regalías van a cumplir su misión específica de apoyar las soluciones para los más pobres, para más vías y para una mayor cobertura en electrificación rural”, otros dicen que los cambios no serán mayores.

Por ejemplo, el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, sostiene “que la reforma es fuertemente centralista y en favor de macroproyectos para macrocontratistas y en contra de los proyectos locales, de interés municipal o departamental”.

Pese a ello, el presidente de la Comisión Quinta del senado, Manuel Guillermo Mora, recalca que “en adelante esos dineros serán objeto de un monitoreo para que se manejen bien y se distribuyan con equidad en todos los departamentos”.

El País explica las principales bases sobre las cuales se administrarán y controlarán esos millonarios recursos.

Cinco fondos administradores

La gran novedad de la reforma a las regalías es que los recursos pagados por las empresas dedicadas a la actividad minero-petrolera serán administrados por cinco fondos. Estos a su vez tendrán un monitoreo por parte de los organismos de control del Estado.

El primero es el Fondo de Compensación Regional y de lucha contra la pobreza, el cual manejará el 20% de las partidas anuales. Su misión será la de financiar los programas dirigidos a reducir la brecha social con base en indicadores de necesidades básicas insatisfechas.

El segundo se denominará Fondo de Desarrollo y Competitividad, que se encargará de manejar el 30% de las partidas. La idea es que con tales dineros los entes territoriales puedan impulsar transformaciones en los campos de la infraestructura y los programas de impulso a la productividad.

Debido a que el pasivo pensional es uno de los problemas más serios que enfrentan hoy municipios y departamentos, la reforma dio vida al Fondo de Pensiones Territoriales, Fonpet, que se nutrirá del 10% de todas las regalías.

Y como el objetivo del Gobierno es impulsar la modernización científica del país, se creará el Fondo de Ciencia, Innovación y Tecnología, al que irá el 10% de los recursos.

Es la primera vez que el Estado, por ley, obligará a cumplir la destinación de recursos para frenar el rezago tecnológico que tiene hoy el país. Colciencias recibirá la mayor inyección de tales recursos, pero con irrigación en los entes territoriales.

Pero como todo no puede ser ‘fiesta’ de inversiones, la reforma dio vía a la constitución del Fondo de Ahorro y Estabilización Macroeconómica y que, como su nombre lo dice, se encargará de ahorrar el 30% de los recursos. En parte esta estrategia se complementa con la llamada regla fiscal, aprobada por el Congreso.

La administración de los dineros estaría en cabeza del Banco de la República, los cuales podrá invertir para obtener rendimientos de largo plazo.

¿Quién definirá los proyectos?

Una junta o Comisión Rectora, basada en criterios de Buen Gobierno, se encargará de administrar, estudiar y aprobar con criterio técnico los proyectos de desarrollo e infraestructura a financiar con los dineros de las regalías.

Dicho organismo estará conformado por los ministros de Minas y Hacienda, más el jefe de Planeación Nacional, dos gobernadores y dos alcaldes escogidos en el marco de las asambleas de mandatarios regionales. Todos ejercerán funciones durante un período de doce meses no prorrogables.

En el organismo estarán presentes un gobernador y el alcalde de alguna de las regiones productoras de petróleo, oro, carbón, etc.

En la Comisión Rectora participarán como invitados dos congresistas de las Comisiones Quintas Constitucionales Permanentes. Los mismos serán elegidos por cada una de las respectivas Cámaras, por un período de un año, para que asistan a las reuniones de la junta con voz pero sin voto.

La Secretaría Técnica de la Comisión estaría a cargo de Planeación, aunque en un principio se habló del Ministerio de Minas. El asunto sería corregido la próxima semana.

Los proyectos regionales -atados al Plan Nacional de Desarrollo- deberán ser presentados por los voceros ante la Comisión. El presupuesto de las regalías será bianual.

Según el senador Roy Barreras, los gobernantes elegidos recientemente tendrán la posibilidad de acceder a esos recursos en los primeros dos años, duplicando el nivel de regalías y garantizando así la viabilidad de proyectos de mayor envergadura, sobre todo los de infraestructura.

“No se trata de una mesa central u organismo centralista, como se ha dicho, ya que cada municipio o departamento estará representado en la Comisión”, anotó.

Lupa y monitoreo a los recursos

A fin de evitar que se repitan los malos manejos de las regalías en muchas regiones beneficiarias, como ha ocurrido en los últimos años, la reforma fortalecerá la auditoría, seguimiento y vigilancia de los dineros del sistema.

La Contraloría General de la Nación contará con una partida especial para reforzar sus tareas de monitoreo al lado del Ministerio de Hacienda.

Asimismo, para evitar que haya liquidaciones erróneas de las regalías desde su origen (yacimientos y pozos) por parte de las empresas que explotan el subsuelo, se dispuso que la Dian ejercerá controles al recaudo junto a la Contraloría.

Los gobernadores y alcaldes que sean encontrados responsables del mal manejo de esos recursos serán objeto de investigaciones disciplinarias y penales por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General, tal como ocurre actualmente.

Los controles permitirán suspender el giro de las regalías a las regiones cuando se verifiquen gastos no autorizados. Es decir, ejecutar acciones cuando haya inminente peligro acerca del uso inadecuado, ineficaz, ineficiente, o el incumplimiento de los requisitos legales en el uso de las regalías.

El Departamento Nacional de Planeación rendirá un informe bianual al Congreso de la República, sobre los resultados de las labores de monitoreo, seguimiento, control y evaluación de dichos dineros.

De igual manera, se determinó que los recursos del Sistema General de Regalías son inembargables, así como las rentas incorporadas en el presupuesto del Sistema de Regalías y los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

Inversión y ahorro

El objeto principal de las regalías es impulsar su inversión en proyectos de desarrollo regional, pero a su vez promover el ahorro para atender futuras necesidades sociales y económicas en departamentos y municipios.

En este campo, la reforma y su reglamentación dispone que los proyectos a financiar deberán “ser viables y que cumplan con las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales requeridos. Y que tengan un verdadero impacto social”.

Lo anterior incluye no sólo obras públicas o de infraestructura, sino la financiación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

Asimismo, a través de los entes territoriales, “todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y las comunidades étnicas minoritarias podrán formular proyectos de inversión”.


El reglamento dispone que “para que las comunidades étnicas minoritarias, sean ejecutoras de proyectos de inversión, deben acreditar el acto administrativo de reconocimiento expedido por la autoridad competente”.

En cuanto al ahorro, se dispuso que el Banco de la República administrará los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización, a base de las regalías, pero sus rendimientos no formarán parte de las reservas internacionales.

Los dineros serán manejados a través de un sistema de cuentas en el exterior, sin personería jurídica, según lo dispuso el reglamento.

En el caso eventual de que haya una caída en los ingresos por regalías, el fondo no podrá desembolsar más del 10% de sus recursos correspondientes a su saldo del último día del año inmediatamente anterior.