La Contraloría investiga un detrimento patrimonial por 7 mil millones de pesos, en presuntos gastos excesivos de la Rama Judicial y obras inconclusas en los palacios de Justicia de Cali, Putumayo, Caldas y Casanare, cuyo valor total es de 80 mil millones de pesos.

El organismo de control señala que existirían, por ejemplo, “compras irregulares de elementos de oficina, como toner de tinta, que costaron 650 millones de pesos”.

Así mismo indicó que investiga “gastos por valor de 100 millones de pesos, en la celebración de los 120 años de la Corte Suprema de Justicia, que no tienen los soportes suficientes”.

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL A DOS EXMAGISTRADOS Y AL EXGERENTE DE LA RAMA JUDICIAL

La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal contra el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar, el expresidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Hernando Torres, y el exdirector ejecutivo de la Rama Judicial, y ahora director de Fendipetrol Juan Carlos Yepes Alzate.

Según se ha conocido, esta decisión se toma luego de que se realizara un proceso de auditoría al ente de justicia, en el que se encontraron obras inconclusas en los Palacios de Justicia de Cali, Putumayo, Casanare y Caldas. Todas estas obras tuvieron un costo de 80 mil millones de pesos y en todas se encuentran atrasadas.

Además por este mismo motivo el ente control encontró que se ha obligado a pagar sobrecostos de arriendos por el orden de siete mil millones de pesos.

También la Contraloría encontró en la auditoría que se realizaron compras irregulares de elementos de oficina, como unos toner de tinta, los cuales tuvieron costos de 650 millones de pesos.

Así mismo se supo que se adquirieron tiquetes aéreos, que no están debidamente soportados y justificados por 300 millones de pesos.

Y además el ente de control evidenció gastos por 100 millones de pesos, que se gastaron en la celebración de los 120 años de la Corte Suprema de Justicia, que según la Contraloría tampoco tienen los soportes suficientes.